Como un atentado a la democracia calificó Francisco Bascur, presidente comunal del Partido Socialista en Lanco, el dictamen de la Contraloría de la República que estipula que las Juntas de Vecinos no pueden participar en campañas políticas ni albergar actos en sus sedes, a partir de lo señalado en la ley Nº 19.418 que regula su funcionamiento.
El dirigente, quien además es coordinador de la campaña presidencial de Eduardo Frei en la comuna, agregó que “el fallo resulta arbitrario respecto a un principio básico de las democracias modernas cual es la capacidad de participación ciudadana y la plena libertad que gozan las personas respecto a las decisiones que pudieran tomar en forma individual o en conjunto respecto a su patrimonio, en este caso, la sede vecinal”.
“Con esto podríamos interpretar que las Juntas de Vecinos no tienen facultad absoluta sobre su bien inmueble, sino que su uso y funcionamiento estaría bajo la supervisión de un organismo del Estado que pueda vetar qué actos se pueden realizar o no en el edificio o en cuáles eventos los vecinos pueden participar y eso es claramente un gesto antidemocrático”, declaró enfáticamente.
El artículo 3 de la discordia, que ha causado malestar en varios candidatos presidenciales, plantea que estos organismos no podrán perseguir fines de lucro y deberán respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, quedando prohibida toda acción proselitista por parte de dichas organizaciones en tales materias. Asimismo, señala que los funcionarios públicos y municipales que, usando de su autoridad o representación, infringieren lo dispuesto en el inciso anterior o cooperaren, a sabiendas, a que otra persona lo infrinja, sufrirán las sanciones prescritas en el Estatuto Administrativo o Municipal.
A juicio de Bascur los actos políticos que eventualmente se pudieran llevar a cabo en una sede no representan una imposición a los vecinos que no son parte del grupo político que organiza el evento. “Cada persona es libre de asistir a una reunión o de no hacerlo si no está de acuerdo, de eso se trata la democracia y de esa forma es que las personas ejercen su Derecho de libertad de acción y de expresión. Lo mismo si un grupo de vecinos que comparten una ideología política, religiosa o cultural quieren manifestarse debieran tener acceso al uso de la sede social si no, qué sentido tiene que la gente se organice en torno a su barrio o sector”, puntualizó.
“Este artículo es claramente inconstitucional y no sólo eso, además es retrógrado porque recuerda viejas prácticas estatales en que era el Estado el que definía qué podíamos hacer cómo ciudadanos y nos marcaba la hora en que podíamos circular libremente por las calles. Hemos trabajado con mucho ímpetu y compromiso durante estos cuatro gobiernos de la Concertación para consolidar nuestra democracia y estos desvaríos jurídicos son un retroceso porque transitan en sentido contrario a lo que la propia Presidenta Michelle Bachelet ha declarado internacionalmente”, argumentó.
El dirigente hizo esta declaración en referencia a los dichos de la mandataria ante el XXI Congreso Mundial de Ciencia Política que se lleva a cabo esta semana, en que precisó que “el país tiene la necesidad de buscar fórmulas de mayor participación. La democracia representativa, necesaria e indiscutible, tiene que enriquecerse con la participación de la gente (…) tenemos que estimularla como una parte central de la actividad estatal. Los ciudadanos no se conforman con ser objeto de las políticas públicas, quieren también ser sujetos activos en esas políticas”. “Las palabras de la Presidenta simbolizan el esfuerzo que hemos hecho como sociedad para madurar, para insertarnos en el mundo, para generar los espacios de participación que todos merecemos. Algo tan importante, tan trascendente para nuestro país, para lo que somos y queremos ser no puede quedar al juicio antojadizo de un organismo porque en definitiva lo que se hace es avanzar un paso para retroceder dos”, concluyó.
