Luego que el director General de Aguas, Rodrigo Weissner, declarara “la voluntad de avanzar en la materia por parte del Comité de Ministros de Recursos Hídricos”, Iglesia Católica, ambientalistas y líderes sindicales solicitaron el envío del proyecto a discusión parlamentaria.
Representantes eclesiásticos, líderes ambientalistas y sindicales dieron su apoyo al proyecto de reforma constitucional presentado en días recientes por el Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual se busca consagrar al agua como bien nacional de uso público, pero pidieron a la autoridad aclarar “si se trata de una movida electoral o si hay interés real”.
El proyecto, dado a conocer el 21 de septiembre, pretende convertirse, según la autoridad, en el primer paso hacia la caducidad de los derechos consuntivos y no consuntivos de aprovechamiento agua, la gestión del recurso a nivel de cuencas hidrográficas, el reconocimiento de la diversidad geográfica en la gestión del agua y el reconocimiento de los glaciares como bien público.
La veintena de organizaciones campesinas, de agua potable rural, ambientalistas, sindicatos y de la Iglesia Católica de Chile, encabezadas por los obispos de Copiapó, Gaspar Quintana, y presidente de Caritas, Juan Luis Ysern, se reunieron con el director de la DGA, Rodrigo Weisner en el Ministerio de Obras Públicas, quien aprovechó la ocasión para realizar un diagnóstico de la situación del agua en Chile y señalar los alcances que busca la iniciativa de reforma.
“Nuestra evaluación es que ese impacto va a ser positivo. El mercado del derecho de agua que se tiene aquí en Chile es pésimo, funciona mal y de manera desigual, hay monopolio y concentración, hay asimetrías de la información, barreras de entrada, obstáculos administrativos, expresó Weisner.
Al respecto, el obispo Gaspar Quintana dijo que “los derechos universales no pueden ser pasados a llevar por los derechos de propiedad. Desde hace 60 años se está diagnosticando una crisis del agua en Copiapó, pero la confusión de la gestión y los principios de los diversos gobiernos han provocado una crisis ya casi irreversible. Es necesario que el gobierno sea responsable del bien común y la paz social”.
En la misma ocasión, el presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, solicitó a Rodrigo Weissner aclarar si la propuesta anunciada “será enviada al Congreso para su tramitación o es sólo una señal política para reducir los conflictos por el agua durante el periodo electoral”. En respuesta, Weisner informó que la reforma expresa un consenso del Comité de Ministros de Recursos Hídricos, y que el borrador se encuentra en la Secretaría General de la Presidencia, que deberá decidir si lo envía al Congreso
Los asistentes a la reunión con la autoridad –entre ellos, representantes de las organizaciones ambientalistas Programa Chile Sustentable, CODEFF, Ecosistemas, Instituto de ecología Política y líderes sindicales de la Federación Nacional de Trabajadores de las Empresas Sanitarias (FENATRAOS), además de los sacerdotes mencionados- señalaron que en Chile existen más de 50 conflictos locales por uso de agua, a causa del régimen descrito por el Código de Aguas de 1981, “instalado de manera inconsulta y antidemocrática”.-
Helmuth Huerta
