A más de una veintena llegan las denuncias por malos tratos verbales y físicos a sus pupilos, realizadas ante la Dirección Provincial de Educación y otras instancias, por un grupo de apoderados de la escuela municipal “Radimadi”, de la población del mismo nombre, en La Unión.
Los apoderados cuentan con una serie de testimonios y documentos, entre ellos la grabación -hecha por los propios escolares- de una larga sesión de “retos” realizada por la profesora Isabel Villegas a los alumnos de octavo año en abril del presente año, en donde la docente trata a los menores de manera descalificadora (“¿son enfermos mentales?” … “lamentable que por dos, tres o cuatro imbéciles hay que retar a todo el curso”… “¡Se van a la cresta porque yo no les voy a aguantar!”).
Han presentado además el informe preliminar de la psicóloga Claudia Chavarría, quien –luego de diagnosticar a los menores- concluye: “A partir de los resultados del diagnóstico, se concluye la existencia de importante daño psicológico, expresado en alteraciones en distintas esferas del funcionamiento de los alumnos y síntomas físicos asociados a los hechos de menoscabo del sujeto en desarrollo”.
No hubo intención
Los apoderados señalan su impotencia ante estos hechos y un profundo malestar con las autoridades tanto del Departamento Municipal de Educación, como con la alcaldesa Hilda Carvallo, quienes –aseguran- tendrían una actitud de encubrimiento de los hechos irregulares que se producen en la escuela, cuya directora es la docente Liliana Mutizábal del Río. De hecho, a causa de la denuncia realizada por un grupo de apoderados contra la profesora Isabel Villegas por las expresiones descalificadoras que ella habría usado contra los alumnos de octavo año, se instruyó una investigación –a cargo del director del DAEM, Sergio Gallardo- que con fecha 28 de mayo de 2009, resolvió: “1° Desestímanse las denuncias presentadas por las personas individualizadas … en contra de la docente de la Escuela Radimadi, Sra. Isabel del Carmen Villegas Gutiérrez…” Para su resolución, Gallardo en el mismo documento dice tener presente que “la afectada” (se refiere a la profesora) tiene un “buen desempeño profesional y … las denuncias formuladas en su contra, se refieren a un hecho aislado y … no hubo, por parte de la docente, intención de agraviar u ofender a los alumnos… aún cuando reconoce haber usado términos inapropiados”.
Sin embargo, el anterior sólo es un hecho puntual. Las denuncias por tratos desconsiderados, violencia física y verbal y procedimientos arbitrarios de parte de la dirección tanto hacia alumnos como apoderados se apilan en la oficina de reclamos de la Dirección Provincial de Educación, a cargo de Ximena Hormazábal. Presentaciones similares han hecho apoderados ante diversas instancias como el concejo municipal, alcaldía, DAEM, reclamos ante medios de comunicación, entre otros muchos.
Como antecedente más remoto, consta una declaración pública -difundida por medios radiales de la época- fechada el 22 de diciembre de 1997, en la que apoderados del 2° básico de ese año reclaman contra la directora Liliana Mutizábal porque no permitió el ingreso de los padres, quienes llevaban alimentos para compartir una once navideña con los menores. Los apoderados (algunos de los cuales aún tienen niños en el establecimiento), refiriéndose a la directora señalan en aquella declaración: “ella se ha destacado siempre por una actitud grosera y ofensiva y con esta última situación sentimos que se ha extralimitado”.
Reconocen, sin embargo, que el establecimiento “imparte una adecuada educación y posee un excelente recurso humano que ve empañada su labor por el mal accionar de esta persona”.
Directora de la escuela
Liliana Mutizábal, directora de la escuela Radimadi fue consultada por nuestro diario respecto a las acusaciones de este grupo de apoderados. Esto fue lo que nos respondió:
-Yo soy una persona abierta a todos los apoderados. Si alguien tiene una inquietud o algún reclamo puntual, es aquí en mi oficina donde yo puedo atender sus reclamos. Siempre las puertas han estado abiertas y daremos solución a sus problemas.
-¿Los apoderados han venido a hacerle una queja formal sobre los problemas que han tenido sus hijos en este establecimiento?
-Aquí no ha venido nadie y los que han venido, se les ha solucionado su problema. Días atrás hice una circular a todos los apoderados por alguna inquietud de algunos apoderados, este lo hice llegar por escrito a todos los apoderados, lo hice así para que quede una evidencia de que esta directora siempre ha estado a disposición de los apoderados. Jamás me he negado a escucharlos. Ahora, las inquietudes ellos tienen que manifestarlas donde corresponde porque si lo hacen en otras partes yo no lo puedo solucionar.
-¿Entonces a usted no le han llegado los informes de la acusación que están haciendo estos apoderados?
-Yo no puedo hacer nada porque desconozco el tenor de las acusaciones y obviamente que si estamos involucrados como escuela, como escuela debemos asumir acá y conocer qué es lo que pasa, cuál es el problema.
Director del DAEM
Por su parte, el director del Departamento de Educación Municipal (DAEM), Sergio Gallardo, indicó que los apoderados han “transgredido aspectos normativos” y existe “una reiteración de situaciones que ya fueron resueltas administrativamente. “Para acoger denuncias o poder desecharlas, el articulo 17 de la ley 19.060 dice que las denuncias que sean realizadas contra un profesor deben ser realizadas por escrito o escribirlas el funcionario que las reciba y deben ser presentadas en el lugar que corresponde, cuando esto afecta a un docente de una escuela o varios profesores, esta denuncia debe hacerse al director del establecimiento y cuando se trata de una denuncia a un director, ésta debe hacerse a el DAEM de La Unión. En este caso en particular, se equivocó el camino: hubo denuncias que se hicieron al Departamento Provincial de Educación o en otras instancias, pero no se han hecho en el lugar que corresponde. Aquí fue el último lugar, después de haber deambulado por muchos lugares, donde los apoderados llegaron. En consecuencia le aclare a los apoderados a comienzos de año cuál era el procedimiento que ellos deberían haber seguido. Obviamente haciéndoles saber que todas las denuncias deben ser fundadas. No se trata de denunciar porque sí, no más”. Lo que procede es que el director o el DAEM pondere los antecedentes y vea si hay mérito suficiente para iniciar un proceso administrativo o un sumario o si no lo hay y la misma ley dice que uno debe poner en conocimiento del profesor los cargos que se le están formulando para que éste haga sus descargos. Todos estos procedimientos están indicados en la ley”.
-¿Son argumentos los nuevos antecedentes que entrega la psicóloga en el diagnóstico que hace a varios niños del establecimiento?
-Pudieran serlo, Pero a mí me parece que aquí uno no puede ir donde cualquier profesional, hay organismos calificados que están predeterminados por el ordenamiento administrativo que son los que tienen que otorgar el resultado. En este caso, a mí me parece que lo lógico tendría que ser que el servicio de salud emita un certificado. Eso le da un carácter institucional, lo que tiene validez legal. El certificado de un profesional no tiene la misma validez que un servicio como el de salud. Para mí es respetable la opinión de los profesionales particulares de cualquier ámbito que sea, pero los certificados o diagnósticos tienen que llevar un respaldo en una investigación.
-¿No sería correcto entonces hacer un examen a los niños que diagnosticó la profesional?
-Podría ser, pero esto se decide si hubiera un nuevo proceso administrativo y tendría que definirlo el fiscal. La ley es clara y hay que hacer lo que dice la ley. Aquí hay personas que quieren hacer la investigación a su pinta, pero no es así. Hay un grupo de apoderados -que no son más de 13, según lo que manejo- ya que no me han informado que haya más. Yo tengo evidencia y testimonios que hay un grupo mucho más grande de apoderados que dicen que esta cosa no es así. Esto no quiere decir que a un grupo minoritario no lo vamos a atender, pero también tienen algo que decir los demás apoderados que forman parte de esta comunidad educativa. Yo me atrevería a decir que es un porcentaje mayor de apoderados el que dice que no es así como señalan esos apoderados.
Aquí hay denuncias infundadas y los profesores están obligados a limpiar el honor que haya quedado comprometido y sobre todo su honorabilidad. Por tanto, la misma norma los obliga -si hubiera calumnias e injurias- a interponer las querellas correspondientes ante los órganos de justicia que corresponde. Incluso, según la normativa vigente, podrían solicitar la asistencia judicial correspondiente al municipio.
Últimas gestiones
Edith Chacón, apoderada de 4° y 8° básico de la escuela, señala que el grupo de personas que se siente pasada a llevar y que denuncia tratos desconsiderados ha ido aumentando. “Muchos otros saben que las cosas son así, pero no hacen nada porque temen represalias contra sus niños. Aquí lo que pasa es que la escuela se ha destacado por sus logros en el SIMCE y tiene profesores que han sido distinguidos con excelencia académica, entonces nadie quiere tocarla. Además, la directora es amiga personal de la actual alcaldesa y al parecer, también del jefe del DAEM. Así, es muy difícil lograr un cambio en la situación”.
La apoderada dice que a su hijo menor -cuando cursaba el kinder- le obligaban a comerse la comida “y si la devolvía, lo obligaban a comérsela igual. Esto ha pasado con muchos otros niños y tenemos pruebas, testimonios indesmentibles de eso”.
Hace un mes, dice Chacón, que esperan una audiencia con el seremi de educación, Eduardo Rosas, la que estaría gestionando el gobernador Nelson Bustos.
“Necesitamos hablar con el seremi, porque él no está enterado de cómo son exactamente las cosas. A él le hicieron llegar el sumario anterior (por el caso de la profesora Villegas) para que crea que ya está resuelta la situación. Pero hay denuncias posteriores a eso, porque en realidad han pasado más cosas y no ha habido un cambio de actitud en la escuela”.
Edith Chacón dice que es frustrante el hecho de haber acudido a tantas instancias sin ser escuchados. “Nos hemos reunido 3 veces con la señorita alcaldesa y la última vez nos retó porque le pedimos conocer quién sería el fiscal que instruiría la nueva investigación, porque no nos da garantía de objetividad el señor Gallardo. Nos dijo que no teníamos por qué meternos y que no fuéramos más a su oficina, que esperáramos una respuesta en la casa. Realmente nos retó. Nos dijo ‘ustedes son tontas y son intrusas’. Y la solución que nos da la alcaldesa es ‘¿por qué no cambian a sus niños de escuela, si no les gusta el trato en la Radimadi?’ Pero es que eso no es una solución para nosotros. Si nadie está contra la escuela. Nadie niega que educacionalmente es una buena escuela. Pero no por eso vamos a aceptar que a los niños los maltraten y los humillen y tampoco a nosotros, los apoderados”.
Otra apoderada, quien no quiso que publiquemos su nombre, señala que a su niño lo retan habitualmente e incluso lo han golpeado. La propia profesora (tía Kenny) reconoció ante ella haberle dado en una oportunidad “unos buenos tapaboca”, asegura. Esta mamá dijo que la directora le exigía entregar el informe de la psicóloga que atiende a su niño “en un plazo de 8 días”, pese a que ella dijo a Mutizábal que el informe debía solicitarlo directamente la escuela a la profesional (Claudia Chavarría). Posteriormente, la apoderada informó a nuestro diario que estaban dilatando la matrícula para su niño. Incluso inicialmente le habían dicho que no se lo iban a recibir.
Cuando El Ranco.cl intentó hablar del tema con la alcaldesa Carvallo hace ya algún tiempo, ésta nos solicitó que aplazáramos por una semana el tratamiento del tema mientras ella buscaba una solución. Ha pasado el tiempo, bastante más de la semana solicitada, y -al parecer- las aguas no tienen visos de calmarse aún entre un creciente grupo de apoderados, la dirección y algunos profesores de la escuela de población Radimadi, en La Unión. @ER
[nggallery id=396]
