Comisión Defensora Ciudadana pidió apoyo para la creación de asignatura sobre derechos fundamentales y para el proyecto legal sobre el Ombudsman.
En el contexto del aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la ONU en 1948, que se conmemora este jueves, la Presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, identificó “los logros y tareas pendientes del país en materia legislativa” y convocó a la clase política a respaldar la creación de una asignatura de DD.HH. en la malla curricular de enseñanza. “La sustentabilidad democrática depende de una ciudadanía conciente de sus deberes y derechos, lo que debe incorporarse desde la infancia”, dijo Mlynarz, al entregar la evaluación de la Comisión sobre los proyectos legales aprobados durante 2009 en relación con el tema.
La autoridad mencionó como tarea pendiente la creación del Ombudsman o Defensor de las Personas (institución autónoma de representación de intereses ciudadanos que existe en más de 100 países). “La antesala de la elección presidencial y parlamentaria es propicia para convocar a este compromiso, pues este proyecto lleva casi 20 años de tramitación parlamentaria”, dijo Mlynarz.
Evaluación del año legislativo
En su evaluación anual de los avances legislativos relacionados con los Derechos Humanos, la Comisión Defensora Ciudadana destacó la ratificación de tratados internacionales “que ponen a Chile al día en materia de la institucionalidad necesaria para el respeto de estos derechos”, tales como el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos de los pueblos indígenas; el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo.
En el plano local, la Comisión destaca la tipificación de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra (Ley 20.357) y la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Ley 20.405), que permite reabrir durante un plazo de 6 meses una comisión para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura.-
Helmuth Huerta. Comisión Defensora Ciudadana
