Con estas palabras el dirigente del Comité de Defensa del Mar, Eliab Viguera, se refirió a la aprobación de parte de la Corema del ducto para “Conducción y descarga al mar de los afluentes tratados de Planta”, en el sector de Mehuín.
Fueron 11 votos a favor y 6 en contra detonaron las reacciones de los asistentes, ecologistas, ingenieros forestales y la comunidad mapuche lafkenche, quienes al conocer la decisión comenzaron al lanzar monedas al Intendente Regional Alejandro Larsen. Ante ello, la autoridad suspendió la sesión abandonando el recinto por una puerta lateral en conjunto con el resto de los integrantes de la Corema.
Para Eliab Viguera, del Comité Defensa del Mar, «esta aprobación es algo previsto y nostros seguiremos con nuestra estrategia ya planteada, donde se tendrá que resolver quien finalmente tiene la administración del mar».
El dirigente agregó que «aquí hay que hacer valer los derechos de los pueblos originales y específicamente la ley 9.249, donde queda especificado que aquí los derechos los tiene la comunidad lafquenche y no la empresa Celulosa Arauco».
Eliab Viguera agregó que, esto no cambiará el panorama y quedó a la vista de todo el mundo este gran tongo, sin embrago nostros estamos tranquilos y seguirtemos con todas las acciones que ya tenemos planificadas y que venimos estudiando hace bastante tiempo». El dirigente manifestó finalmente que «esta fue una orden de la Concertación de dejar este asunto zanjado, no obstante algunos integrantes de la Corema se dieron cuenta y no obedecieron, lo que igual se agradece y es un acto de valentía».
OTRAS OPINIONES
Como una decisión “inmoral” y un “tongo” calificó el Consejero Regional de la Araucanía, Manuel Aravena, la aprobación del ducto para “Conducción y descarga al mar de los afluentes tratados de Planta”. El dirigente señaló que era la crónica de una muerte anunciada, aunque “sospechábamos iba a ser menos vergonzosa de lo que ha sido. Sin embargo, nos quedan acciones legales, la ciudadanía debe usar los mecanismos que la ley otorga para defender sus derechos”, señaló.
Juan Santana Zúñiga, representante de Fipasur, lamentó la medida tomada por las autoridades y acusó “malas practicas de la empresa Celco en este conflicto”. Por su parte, Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, indicó que “esta decisión es sólo un permiso ambiental que aun deja a Celco en una incómoda situación”.
A su vez, el dirigente aseveró que a la empresa de celulosa “sólo le aprobaron el tema ambiental, pero no así lo espacios. Las concesiones marítimas, los espacios en la tierra en torno a la legislación indígena, no tiene ningún espacio para instalar un ducto en el mar ni en cualquier parte del territorio en conflicto, por lo tanto está muy empantanado y es un paso muy duro que tiene que sortear”.
Por su parte, Celco Valdivia manifestó su satisfacción por lo resuelto por la autoridad ambiental y destacó que se trató de un proceso transparente e inclusivo, participativo y muy riguroso. El monto de inversión de la obra alcanzará los 65 millones de doláres, mientras que su construcción se estima en 24 meses de trabajo efectivo y permitirá generar un promedio de 600 empleos con un peak de 1.000.
Fuente: Prensa Conapach y El Ciudadano.