Diversas instituciones serán condicionadas a recibir menos apoyo económico, a negociar sin autonomía dependiendo de otros organismos o, derechamente, excluidas de la Ley de Presupuestos.
El pasado 29 de septiembre, el Instituto de Derechos Humanos fue notificado de que el presupuesto 2011 para la institución sería de sólo 1.436 millones de pesos, a diferencia de los 2.180 solicitados para afrontar la tarea de iniciar sus funciones.
La rebaja de un 34% en los fondos no es la única mala noticia para las instituciones de DD.HH. cuando recién se comienza a discutir el presupuesto de la nación para el año venidero.
La política del gobierno de Sebastián Piñera es optimizar los recursos: demostrar que se puede hacer el mismo trabajo, con menos inversión y menos personal. Eso ha quedado demostrado con la reducción de funcionarios en distintas reparticiones públicas a lo largo del año en curso.
Lorena Fríes, directora del Instituto de DD.HH., indicó que los principales recortes afectarán al ítem de Recursos Humanos, lo que impactaría directamente en que no se podría cumplir cabalmente con las funciones que por ley le corresponden al instituto por falta de personal, sobre todo en su primer año de instalación.
“hemos ido a la subcomisión de Hacienda, que ve la partida del ministerio del Interior, para señalar que no estamos conformes con esta rebaja, porque se convierte rápidamente en un techo y da cuenta de cuál es la relevancia que le están dando al Instituto. Hemos hecho un llamado, a todos los partidos políticos, a apoyar la creación del Instituto, porque finalmente es una institución para Chile”, sostuvo.
En el caso de otros organismos dedicados a temas de DD.HH., como la Corporación Villa Grimaldi y el Colectivo Londres 38, la situación es mucho peor, pues fueron incluidos en un paquete de programas que dependerán de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) para negociar fondos, lo que le quita autonomía a las instituciones.
La directora de Villa Grimaldi, uno de los memoriales que más visitas recibe en nuestro país, manifiesta que esta nueva política es un retroceso, luego de que el año pasado habían logrado entrar a la Ley de Presupuestos. Hoy los recursos están en peligro, lo que traería consecuencias inmediatas en el personal y mantención del parque.
“La modalidad que se está proponiendo nos saca del presupuesto nacional y nos pone en una glosa que se le entregaría a la Dibam, a la que ésta haría postular diferentes instituciones. La Dibam recibiría, para varias instituciones, un monto de 560 millones”, explicó.
En el Congreso hay preocupación por el tema. El presidente de la cuarta subcomisión de Presupuestos, diputado Carlos Montes (PS), manifestó que otras instituciones de ayuda a víctimas de violaciones de DD.HH. y centros de salud mental como CODEPU y CINTRA dedicados al tema, que recibían apoyo económico de la Presidencia, ya no serán considerados en la Ley de Presupuestos.
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Prensa Comunal PS Valdivia
