Sector de Previsión Social, que suele encabezar los reclamos, respondió la totalidad de los requerimientos ciudadanos presentados ante la Comisión Defensora Ciudadana. En contrapartida, las municipalidades son el sector del Estado con mayor déficit de respuesta.
La Comisión Defensora Ciudadana (CDC) informó hoy el nuevo índice de respuesta a reclamos de la población dirigidos a los 340 servicios públicos de la administración central del Estado (gobierno). Según el organismo, en los recientes tres meses, 1.4% de las quejas ciudadanas no obtuvo respuesta, en tanto que las prerrogativas más invocadas son: Derecho a petición; a prestación de seguridad social; y a recibir respuesta en 20 días hábiles (Éstos son 3 de los 15 derechos ciudadanos estipulados en la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos). Los sectores más requeridos son: Previsión social (22.8%) y Salud (17.5) (al mismo tiempo, son los que atienden más público).
“Este 1.4% equivale a 17 personas que aún enfrentan el silencio del Estado por situaciones de vulneración de sus derechos ciudadanos. Por un lado, creemos que es imperativo llegar al 100% de repuesta, porque está en juego la dignidad y el respeto a las personas. Por otro, hay que valorar el nuevo índice de respuesta, porque es inédito en los registros de esta Comisión”, dijo Alberto Precht, presidente de la entidad que intercede gratuitamente por los reclamos no resueltos en los servicios públicos (en las Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, OIRS).
El informe destaca al sector de Previsión Social (Bono marzo, Capredena, Comisiones médicas, Instituto de Previsión Social, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Seguridad Social y Dipreca), que habitualmente encabeza el listado de los organismos con más reclamos ciudadanos (también es el que atiende más público, junto al sector de Salud).
¿Y los municipios?
Pese no a formar parte de la administración central del Estado, el sondeo incluye además a las Municipalidades, puesto que también están obligadas a responder reclamos ciudadanos. Así, los municipios ocupan el tercer lugar de quejas ciudadanas al Estado (7.3%), pero el primer lugar en déficit de respuesta a las mismas.
Al respecto, la Comisión Defensora Ciudadana y la Asociación Chilena de Municipalidades elaboran una propuesta de Procedimiento de Instalación de las Defensorías Comunales Ciudadanas, que incluya tanto las herramientas jurídicas (ordenanzas, reglamentos, etc.), como el traspaso de conocimientos y experiencias en relación con las características operativas de este tipo de entes.
Lo anterior en virtud de que la Contraloría General de la República, en su dictamen 25.827, del 13 de mayo de 2010, decidió que “la autoridad edilicia debe adoptar, en lo sucesivo, las medidas conducentes a fin de dar las respuestas que procedan a las solicitudes que se le presente dentro del plazo de 30 días, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 98 de la ley N° 18.695, y 3°; 5° y 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado” (que aplica criterio contenido en dictamen N° 46.713, de 2009, de la citada entidad fiscalizadora), siendo particularmente importante la referencia que se hace al art. 98 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ya que obliga a estas corporaciones, tanto a establecer las denominadas “Oficinas de Partes y Reclamos”, como a dictar la Ordenanza de Participación que debe contener el procedimiento relacionado con los reclamos y peticiones que se efectúen ante las municipalidades. O sea, pese a no formar parte de los “organismos de la administración central del Estado”, los municipios están obligados a responder a la ciudadanía en los plazos señalados.
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Helmuth Huerta
