Dirigentes mapuche de las comunidades Juan Painahuel y Vicente Reinahuel, del sector Trafun en la comuna de Panguipulli, acompañados por el dirigente del Parlamento de Coz-Coz, Jorge Hueque, se reunieron ayer en la ciudad de Panguipulli con el Intendente de la Región de los Ríos, Juan Andrés Varas, oportunidad en que manifestaron su molestia por el actuar policial apostado en la zona y solicitaron avanzar hacia una solución de sus demandas territoriales.
Los dirigentes, que durante la mañana habían entregado una carta en la Intendencia en Valdivia, no quedaron satisfechos por la respuesta de la autoridad.
Gabriel Painepe y Juan Reinahuel (comunidades Juan Painahuel y Vicente Reinahuel, respectivamente), denunciaron durante la reunión que carabineros está ejerciendo una actitud extremadamente belicosa hacia los habitantes de las comunidades, incluso atajándolos en sus propios caminos vecinales. “En las tardes y en la noche andan en moto y no nos dejan subir donde vivimos nosotros. No nos dejan salir tampoco. Controlan los vehículos, a los compradores que adquieren nuestros productos. Nosotros no podemos hacer nada , no podemos trabajar, o vender para poder abastecernos”, denunciaron.
Hay que recordar que a fines de mayo del año en curso, la fiscalía local de Panguipulli adoptó la medida de dar protección policial a la empresa forestal Las Vertientes, luego de que sus propietarios argumentaran sentir temor ante la seguidilla de ocupaciones esporádicas y esporádicas que habían protagonizado integrantes de la comunidad Vicente Reinahuel.
Carta a la Intendencia
A solicitud de las comunidades afectadas, el coordinador del Programa Ciudadanía e Interculturalidad Observatorio Ciudadano, José Araya, entregó carta al Intendente de la Región de Los Ríos con el fin de solicitar la revisión de los procedimientos policiales en el sector, para “prevenir y evitar actos que vulneren los derechos humanos de miembros de estas comunidades”, señala la misiva.
En concreto, se solicita que la Intendencia Regional instruya a Carabineros para que se limite a cumplir la orden judicial y evitar toda acción de hostigamiento o amedrentamiento que afecten los derechos de miembros de estas comunidades. En particular que se tenga presente la protección de los derechos de niños/as y adultos mayores, así como erradicar actos de racismo verbal y violencia física contra de los comuneros.
Sobre la reivindicación territorial, se solicita la colaboración de la Intendencia para apoyar -a través de organismos públicos en la región- la recopilación de antecedentes que permitan reconstruir la historia de estas comunidades y el sustento que tiene su actual reclamación de tierras.
Del mismo modo, entrega detalles de diversos hechos de violencia ejercida por policías en contra de los habitantes de las comunidades, como lo sucedido el 22 de febrero contra Francisco Reinahuel (84), quien fue reducido violentamente y detenido frente a su casa, la cual fue ocupada por Carabineros para parapetarse y disparar en contra de los comuneros que huían del operativo policial. En este caso Carabineros allanó una bodega contigua, llevándose implementos de trabajo de esta persona. Los hechos relatados por los comuneros, así como los antecedentes públicos conocidos de este operativo, no coinciden con la “proporcionalidad y mesura” con que la autoridad provincial calificó la acción policial, asegura la misiva.
Dramático es también el caso de la familia de Cecilia Reinahuel, quien vivió esta violencia junto a sus tres hijos menores de edad ese 22 de febrero. Cecilia recuerda que Carabineros ingresó al terreno de la comunidad en horas de la noche rodeando su casa, alumbrando hacia las piezas donde duermen, y gritando insultos de carácter racista. Por la cercanía de su casa, le han tirado piedras al techo de la vivienda, lanzadas desde el otro lado del río. Incluso debieron proteger las ventanas posteriores con lata, para prevenir que rompan los vidrios”, por lo que en definitiva tuvieron que irse a los cerros a vivir en improvisadas carpas.
Por Elías Paillan
