El pasado 28 de junio la Contraloría General de la República emitió un nuevo dictamen N°40152 con destino a la Subsecretaría de Pesca sobre juridicidad de la entidad en el otorgamiento de autorizaciones de pesca de investigación. Es decir, para revisar los actos administrativos que autorizan la realización de actividades de pesca de investigación.
El documento, que se refiere a la aplicación de 6 dictámenes anteriores, y que ha tenido repercusión en todas las regiones del país y en Los Ríos, surge en respuesta de la solicitud presentada por que los senadores Alejandro Navarro Brain y Eduardo Tarifeño Silva por supuestas irregularidades en la entrega de tales autorizaciones en los últimos 10 años.
Los cuestionamientos emanan luego del informe de 2009 elaborado por la Comisión Especial de Pesca de investigación (constituida por el Consejo Nacional de Pesca), dado que se decía existirían capturas de recursos hidriobiológicos sin que se expresen los fundamentos de las cuantías de dichas cuotas, lo cual iría contra lo legalmente establecido.
En resumen, el ente Contralor precisa que, “(…) la contraloría se abstiene de un pronunciamiento, sin individualizar los actos administrativos cuya conformidad a derecho se cuestiona, por lo que en virtud de los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración de acuerdo a lo prevenido en el artículo 3° de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, esta Contraloría General debe abstenerse de emitir, en lo que atañe a ese aspecto, el pronunciamiento requerido. Sin perjuicio de lo anterior, cumple hacer presente que la Contraloría Regional de Valparaíso se encuentra realizando, en el ámbito de su competencia, una auditoría relacionada con la materia de que se trata, de cuyo resultado se informará oportunamente a los ocurrentes”.
Asimismo, se indica que la nómina solicitada de los últimos 10 años debe ser pedida a la autoridad competente y no a la Contraloría, y que la fiscalización es de exclusiva responsabilidad del Servicio Nacional de Pesca, de la Armada y Carabineros, según corresponda, a la jurisdicción de cada una de estas instituciones.
Del texto–piden reparos- sólo para un proyecto de 2010 que la Subpesca autorizó al Instituto de Investigación Pesquera para efectuar una pesca de investigación en base a su proyecto denominado “Distribución, estructura y monitoreo biológico y pesquero en las capturas del recurso jurel en la VIII Región”. Así deberán “adoptar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a la exigencia prevista en los artículos 41, inciso cuarto, de la ley N° 19.880, y 6° del señalado decreto N° 461, de 1995”.
Conceptos a considerar por la Subpesca
En dicho escrito igualmente se mencionan consideraciones generales que debe asumir la Subsecretaría de Pesca.
Se hace referencia a que las pescas de investigación son exploratoria, de prospección y experimental, y sin fines de lucro, las cuales son aprobadas por la Subsecretaría de Pesca –fundamentalmente- previa solicitud acompañada de un proyecto técnico; además de cumplir otras normas.
Por lo demás, la pesca de investigación no es una medida de manejo u ordenamiento de la actividad pesquera, sino una labor cuyos resultados pueden ser utilizados por la autoridad a objeto de evaluar la fijación de tales medidas generales.
Por consiguiente, se acota que la pesca de investigación proporciona la información científico-técnica que ha de servir de fundamento para la adopción de medidas de administración por parte de la autoridad administrativa, con lo cual el órgano rector dice se hace necesario que se establezcan plazos para que sean entregados los antecedentes.
Por: Diego Escalona Agurto
