Autoridad regional recalcó que los trabajadores fiscales pueden participar en actividades de carácter partidista siempre que no utilicen su jornada laboral y recursos fiscales para dichas acciones
Como un férreo garante de la legalidad en torno a la participación de funcionarios públicos y el uso de recursos fiscales en actividades partidarias, es la definición del intendente Juan Andrés Varas frente a los próximos procesos eleccionarios que se desarrollarán en el país, tanto en el presente como en el próximo año, donde se debe garantizar la neutralidad de los trabajadores del Estado en las contiendas dentro de su accionar laboral.
El intendente Varas manifestó que desde la máxima autoridad regional e incluyendo a los funcionarios de cada uno de los estamentos de la administración actuarán con absoluto apego a la ley. La autoridad recalcó que no se van a utilizar ni los cargos públicos, ni la función pública en el proceso electoral municipal y con posterioridad en el parlamentario y presidencial.
Agregó Varas que la autonomía de las personas desde el punto de vista político no pude verse cortada más allá del uso de los tiempos labores y recursos públicos, ya que cada cual tiene la posibilidad de apoyar, acompañar o sumarse a las diversas instancias de participación políticas. “Tal como la ha dicho el Presidente Piñera, vamos a ser muy estrictos, porque la democracia debe ser transparente y los ciudadanos son los llamados a elegir a sus autoridades comunales”, indicó Varas.
De igual forma, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, la Contraloría estimó necesario emitir el oficio N° 15.000, con fecha 15 de marzo de 2012, destinado a quienes desempeñan labores en la Administración Pública, con el objetivo de resguardar el estricto apego al principio de probidad administrativa, manteniendo una conducta funcionaria intachable, con absoluta preeminencia del interés público por sobre los intereses particulares.
En el documento se lee que los funcionarios de la administración del Estado deberán observar total prescindencia en actividades políticas, no permitir el uso de bienes o recursos públicos, entre otras obligaciones.
