Seremi de Justicia, Alejandro Paredes, se mostró satisfecho porque contribuye directamente a lograr más fácilmente una mayor y mejor reinserción laboral y social
El Seremi de Justicia, Alejandro Paredes, se mostró satisfecho por el aumento en un 24% de personas que eliminaron sus antecedentes penales durante el período 2012, en virtud del Decreto Ley N° 409, ya que contribuye directamente a lograr más fácilmente una mayor y mejor reinserción laboral y social.
“Durante el año 2011 fueron 85 personas que en la Región de Los Ríos, lograron eliminar sus antecedentes penales, mientras que en 2012 la cifra aumentó a 105, por lo cual me encuentro alegre y satisfecho y con deseos que esta cifra pueda mejorar aún más durante el año próximo, para un mayor beneficio de personas con pena cumplida, de sus familiares y en general de toda la sociedad”, enfatizó el Seremi de Justicia, Alejandro Paredes.
En el año 1932, se dictó el Decreto Ley Nº 409, que tiene por objeto la regeneración y reintegración del penado a la sociedad, para enfrentar la situación de aquellas personas que han cumplido sus condenas.
Hasta el año 1999, las anotaciones prontuariales que constaban en el certificado de antecedentes, restringían notablemente las posibilidades de acceso a la sociedad organizada, al dificultar su ingreso laboral y ocasionar el menoscabo de todos los integrantes de su grupo familiar. La eliminación de antecedentes penales, constituye un deber del Estado hacia las personas con condena cumplida, que se han sometido a un procedimiento de eliminación de antecedentes, y han demostrado fehacientemente su intención de reinsertarse socialmente.
La necesidad de las personas de eliminar de manera definitiva y completa las anotaciones que derivan de la sanción impuesta una vez que ésta se encuentra cumplida, conduce a la aplicación del Decreto Ley N° 409, constituyéndose este cuerpo legal, en un valioso instrumento de la reinserción social post penitenciaria.
Gendarmería de Chile es la Institución que tiene el mandato legal de la aplicación y control del Decreto Ley 409, de 1932, a nivel nacional. El control se realiza en Centros de Reinserción Social (CRS), Unidades Penales y en los Patronatos Locales existentes en el país; sólo en estos últimos los beneficiarios pueden acceder también a programas de apoyo post penitenciario.
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Oscar Muñoz Villegas
