03 diciembre 2013. Luego que la Superintendencia de Educación Escolar, analizara los 276 denuncias ingresados al servicio desde su creación como entidad fiscalizadora, la directora regional del organismo en Los Ríos, Ana Victoria Ahumada, llamó a los establecimientos educacionales de la región a revisar y ajustar a la normativa vigente su reglamento interno, manuales de convivencia y protocolos de acción.
“La idea es que los diferentes planteles educativos de las 12 comunas puedan trabajar con sus respectivos equipos multidisciplinarios. Queremos que analicen, mejoren y creen protocolos de actuación, que integren procedimientos para situaciones donde los involucrados sean alumnos, como así también, cuando los hechos incluyan a adultos del plantel”, dijo Ahumada.
El servicio informó que desde septiembre a diciembre del 2012 se recibieron 108 denuncias, y desde enero a octubre del 2013, se han recibido otros 168 casos. De ellos, 100 situaciones dicen relación a maltrato a estudiantes siendo la cifra que predomina en el informe.
“Partimos el proceso de denuncias con muchas preguntas por parte de la comunidad educativa. Se realizó un trabajo informativo sobre la normativa educacional, orientado sobre nuestras competencias y cómo los colegios debían abordar los conflictos de convivencia escolar. Muchos de los casos son de maltrato entre estudiantes y no necesariamente se definen como bullying, por lo mismo definimos claramente el terreno donde nos encontramos trabajando”, agregó la directora.
Reglamento Interno y Manual de Convivencia
En enero de este año, la Superintendencia envío instrucciones a todos los sostenedores, la que fue actualizada con fecha 29 de noviembre, sobre el Reglamento Interno y Manual de Convivencia, según lo consignado en la Ley General de Educación. El documento entrega información sobre las exigencias mínimas que regulen las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores, entendiendo por estos últimos profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados, como así otros profesionales.
“Hacemos hincapié en este punto, por ejemplo ¿Cómo el colegio aborda hechos donde un adulto agrede psicológica o de forma física a un estudiante?. Es indispensable contar con acciones preestablecidas para poder enfrentar y acoger este tipo de denuncias al interior del establecimiento”, señaló la encargada de denuncias, Herta Cárdenas.
Cárdenas recalca que “es fundamental que estas normas sean conocidas por todos los miembros de la comunidad educativa, con la finalidad que los problemas se solucionen al interior de los colegios antes de hacer una denuncia en nuestras oficinas”.
Actualizaciones
El organismo informó que los manuales de convivencia deben aplicar las medidas disciplinarias conforme el principio de gradualidad consagrado en el Art. 46 letra f) de la Ley General de Educación, es decir, las sanciones se deben aplicar gradualmente empezando por las de menor intensidad, lo que impide que las faltas menores sean sancionadas con las medidas más gravosas.
Además, debe existir una limitación de las suspensiones, teniendo como plazo máximo de aplicación 5 días hábiles, pudiendo extenderse solo una vez por el mismo plazo, es decir en ningún caso un alumno puede estar suspendido por un plazo superior a 10 días hábiles. Se complementa además lo dispuesto en cuanto a la prohibición de aplicar suspensiones indefinidas, excepto cuando exista un peligro real para la integridad física y/o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, debiendo acreditar dicha circunstancia.
La Superintendencia agregó que existe prohibición de aplicar condicionalidad a alumnos nuevos por ser discriminatorio, ya que toda sanción debe ser consecuencia de un acto considerado como falta o infracción y no solo por la condición de alumno nuevo.
Materias más denunciadas
Cárdenas mencionó que las primeras materias con mayor frecuencia de denuncias son Maltrato a Estudiantes con un 36% (100 denuncias), seguida por Cancelación de Matrícula con un 19% (53 denuncias), Discriminación con un 8% (23 denuncias) y Medidas Disciplinarias con 6% (17 denuncias).
“El reglamento de convivencia debe constituirse como un instrumento de carácter formativo, que promueva el desarrollo integral, personal y social de los estudiantes, en conjunto con los demás actores de la comunidad educativa. Debe existir un protocolo para casos al interior o exterior de la entidad educativa, así lo exige la ley. Por ello indispensable es el encargado de convivencia escolar que será el responsable de confeccionar un Plan de Acción o Gestión”, dijo la encargada.
El organismo sugiere incorporar un protocolo de actuación frente al abordaje y atención a situaciones de maltrato infantil y abuso sexual infantil; protocolos de actuación frente a accidentes escolares; y señalar normas y procedimientos frente a salidas pedagógicas de los alumnos.
“Junto a ello se sugiere establecer con claridad los conductos regulares del establecimiento para que los miembros de la comunidad actual puedan presentar sugerencias y reclamos, y establecer instancias de resolución constructiva de los conflictos”, recalcó Cárdenas.
Labor Formativa
La ley sanciona a los establecimientos cuando sus autoridades conociendo un hecho de acoso escolar, no adopten las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que correspondían, de acuerdo a su reglamento interno.
“En lo que llevamos del 2013 el maltrato físico entre alumnos es la conducta más denunciada y la sigue el maltrato psicológico de adulto a alumno. Dentro de la categoría de cancelación de matrícula, un 89% de las denuncias corresponden a situaciones de disciplina escolar”, señaló la directora regional de la institución, Ana Victoria Ahumada.
Ahumada expresó que “la labor de la escuela es formativa, no punitiva. Debe estar dirigida a educar en la convivencia y el diálogo. Por esto, la cancelación de matrícula de un estudiante por problemas conductuales es considerada como una medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual”.
La directora recalcó que “tal cual dijo nuestro Superintendente de Educación Manuel Casanueva, los establecimientos pueden aplicar estas medidas, pero lo primero y principal es que tienen que estar expresamente descritas las sanciones y faltas en el reglamento interno. Siempre tiene que tener descrito un procedimiento que garantice que los alumnos pueden hacer sus descargos y haya un proceso de apelación”.
