Después de la revocación de la compra del terreno para construir el estadio de la Liga de los Barrios, un nuevo escándalo golpea al municipio unionino, al presentarse el informe final sobre la auditoria de las adquisiciones de bienes y servicios que realizó la Municipalidad el año 2021. En el texto de 67 páginas, fechado el 20 de abril de este año, se comprobó que el municipio de la capital provincial carece de mecanismos de control “que aseguren una revisión adecuada de las conciliaciones bancarias”, señala el texto, refiriéndose a la cuadratura entre las cuentas.
En dos casos Contraloría objetó la doble función que realizaron profesionales reemplazando a los titulares, que realizaron conciliaciones bancarias, junto con ser giradores de las cuentas corrientes, lo que atenta contra el principio de oposiciones de funciones y expone al municipio a una situación riesgosa.
Ante este escenario se descubrió la existencia de 9 millones de pesos en depósitos no cuadrados, aparte de 662 mil pesos en cheques girados y no cobrados y una suma menor de cheques cobrados no conciliados. Además, el proceso de conciliación bancaria no se hace mensualmente, como indica Contraloría.
Por otro lado, existen compras por un total de 45,7 millones que carecen de la recepción de conformidad por parte del municipio, y pagos por más de 10 millones de pesos sin facturas, dos acciones que transgreden las normativas de uso de recursos públicos. En otro caso, el servicio de “Levantamiento y diagnóstico de obra de infraestructura sector Caupolicán Alto y Aldea Campesina”, que implicó una inversión de más de 7 millones de pesos, se efectuó sin orden de compra.
Referente a las licitaciones públicas, existe un contrato entre el municipio y la empresa Rama Spa para amplificación, iluminación y producción de eventos, del que no hay constancia de la autorización por parte del municipio. Frente a este contrato, la Municipalidad transgredió las normativas al incluir cláusulas de renovación injustificadas.
Un aspecto al que se centró el informe fueron las contrataciones de trato directo, donde también se observó un trabajo muy desprolijo. El municipio realizó cuatro de estas contrataciones por un total de 10,3 millones de pesos, saltándose las indicaciones de Contraloría sobre este tipo de acuerdos, ya que no se demostró la necesidad que la contratación del oferente sea excepcional. En tanto, otros 17 de estos contratos carecen de las declaraciones juradas que dan cuenta que los proveedores no presentan inhabilidades. Incluso hubo tratos directos en los que la solicitud no se subió a mercado público.
No obstante, tal vez el hecho más llamativo del informe es la contratación del padre de Guido Asencio, en ese tiempo administrador municipal, mediante trato directo, para el traslado del camión municipal, para lo cual se le cancelaron 321 mil pesos.
El municipio tiene un plazo de 60 días para subsanar las deficiencias administrativas e informar a Contraloría.
FIRMADO_INFORME FINAL N° 120-2023, MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
(Administración Pinuer – Reinoso)
