Dado que su alcantarillado, al igual que su población, se construyó con aportes norteamericanos que llegaron después del terremoto de 1960, el sistema de Agua Potable Rural (APR), adoptó el nombre de Georgia, que comenzó a operar en 1965 y diez años más tarde lo hizo el alcantarillado.
El sistema se diseñó para 48 casas, en los últimos años ya eran más de 100 las residencias del sector, por lo que se pidió una ampliación del alcantarillado, en ese proceso el sistema se obstruyó y la empresa constructora, García Grob, se dio a la quiebra. Ese fue el motivo de la emergencia sanitaria que vivió Aldea Campesina entre 2019 y 2021.
Para la actual dirigencia del APR de Aldea Campesina Georgia, el proceso de decisión del nuevo alcantarillado fue ilegitimo. “En la citación de la reunión no se informó que se trataría sobre el cambio del alcantarillado, por eso no hubo una presencia masiva. Además, en esa reunión estuvieron varias autoridades, el intendente Cesar Asenjo, los diputados (Marcos) Ilabaca e (Iván) Flores, lo que no corresponde, ya que las autoridades no pueden estar presentes cuando una organización social. En el acta se autorizó a cambiar el alcantarillado. Por eso el proceso no fue valido”, señala Rosa Arriagada, dirigente de la Agrupación Pro defensa del agua.
Por ende, el proceso lo entienden como una imposición para recibir el agua de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), sin lo cual no habría alcantarillado, para verter aguas servidas y desechos. Para la actual dirigencia gran parte de la responsabilidad recae en los antiguos dirigentes, quienes aceptaron un trato perjudicial para su comunidad, ya que ahora pagan más por un agua de peor calidad.
La cuestión se ha llevado a los tribunales, pero la Corte de Apelaciones ha rechazado los recursos del APR. “Apelaremos a la Corte Suprema, incluso como organización nos querellaremos contra el estado de Chile porque esta es una violación a los derechos humanos”, José Díaz, presidente de la Asociación Gremial de Comités de Agua Potable de la Región de Los Ríos (Agsapru).
La elección de la empresa constructora también fue irregular para los dirigentes, porque el municipio no hizo una licitación para construir el alcantarillado, sino que se realizó una designación directa a la empresa García Grob. En este sentido, hablan de amenazas a los concejales para firmar el acuerdo, “sino los acusaremos de abandono de deberes, le dijo el alcalde”, comenta Eugenia Pardo, presidenta de la APR Aldea Campesina Georgia.
Pero las amenazas también han llegado a los vecinos, para que se sumen al sistema que ahora administra Essal. “Víctor Bravo (del SECPLAN) y el propio alcalde (Andres Reinoso) han ido varias veces a la población, nos amenazaron con multas de 5 millones si no nos conectábamos al alcantarillado de Essal. Hasta la secretaria municipal (Mónica Díaz) anduvo en las casas, obligando a la gente a que se conecte”, señaló Arriagada. Otro personero que suman a estas amenazas es José Carrillo, funcionario de Essal.
Aun así, todavía hay 11 vecinos sin alcantarillado, donde están quienes han sido dirigentes y han estado luchando por su agua.
Para los dirigentes el gran interés de ESSAL y las autoridades para instalar el alcantarillado, es la gran pureza que tiene el agua del sector, que prácticamente no necesita cloro, pero igualmente se tiene que usar por normativa sanitaria. “Como está en una zona alta de La Unión no requiere bombas elevadoras y desde acá se puede abastecer a toda la comuna”, agrega Díaz.
Por lo pronto, ya están gestionando reuniones a nivel nacional para dar a conocer un conflicto que puede tener serias consecuencias en la zona.
