Hace tres semanas nuestro medio público la denuncia de la concejala Eliana Azócar por el uso de la madera de la estructura desarmada del gimnasio de la Casa Duhalde, dado que se trataba de madera nativa, que fue enviada a la ciudad de Puerto Varas. La situación provocó una solicitud de renuncia del administrador municipal, Patricio Contreras, quien fue respaldado por el alcalde Andres Reinoso.
El día de hoy la Dirección municipal de Control presentó los resultados de su informe especial, donde detectaron varias irregularidades. Esta entidad cuestiona que se haya contratado el servicio de desarme mediante trato directo. “Los documentos en que se basaron para decretar el trato directo, no desarrollan la concurrencia de las causales invocadas, no lográndose acreditar efectivamente las mismas y tampoco existe respaldo documental de las razones que justifican su procedencia”, reza el informe.
Se crítica que el proceso lo haya llevado el administrador Contreras, pese a que la gestión recaía en la oficina de adquisiciones. Tampoco existió una orden de demolición por parte de la Dirección de Obras.
Sobre la licitación no se respetó el reglamento de compras, que establece un plazo mínimo de diez días hábiles para el llamado y recepción de ofertas. En este caso, el 26 de marzo se emitió el decreto para la contratación del servicio y el 1° de abril se publicó la orden de compra a la empresa Madero Limitada, por 12 millones de pesos.
Ese precio es un 56% inferior al valor del mercado, “de lo que se deduce que la diferencia del costo se pagó con el retiro de madera roble pellín, según lo informo don Marcelo Galdames dueño de la empresa Los Maderos Limitada, al fiscalizador”, señala el informe.
En el proceso se desarme del gimnasio de Casa Duhalde se detectó madera nativa de roble pellín, que sumaba cerca de 4.000 pulgadas, lo que tendría un precio de casi 84 millones de pesos. Por lo que se puede calcular que el municipio unionino dejó de percibir más de 56 millones de pesos, por no realizar un catastro de la madera.
La dirección de Control sugiere un procedimiento disciplinario contra los funcionarios involucrados en el proceso, y la remisión de los antecedentes a la Fiscalía, por eventuales delitos de corrupción.
Cabe señalar que no es la primera vez que este organismo detecta irregularidades en el accionar del municipio unionino durante esta administración. En abril del año pasado la municipalidad tuvo que revocar la compra de un terreno para construir el estadio de la Liga de fútbol de los barrios, al descubrir que se trataba de un terreno fiscal. En aquella ocasión el alcalde Reinoso anunció una investigación sumaria, sobre lo que nunca más se tuvo noticias.
