El Segundo Juzgado Civil de Valdivia acogió la demanda de 14 exalumnos del Instituto Técnico Profesional (ITP) de Llifén, dependiente del municipio de Futrono, por falta de servicios, al cursar una especialidad que no estaba certificada por el Ministerio de Educación.
La historia comienza en 2018 cuando el ITP de Llifén abrió una nueva especialidad, llamada Servicios Turísticos, aprovechando la creciente industria hotelera de la zona, “durante este proceso hicieron los tramites para obtener el permiso, pero no cumplieron con las exigencias del Ministerio, especialmente en infraestructura. Todo esto se hizo a espaldas de los estudiantes y los apoderados”, señala Juan Ramon Roa, abogado patrocinante de la causa.
Por ende, cuando los jóvenes comenzaron a sacar sus certificados de enseñanza media les aparecía otro Liceo y sin su especialidad. “Los estudiantes pidieron explicaciones, el director del Instituto le echó la culpa al Ministerio, pero cuando ya no tuvieron salida, el alcalde Claudio Lavados tuvo que reconocer que la carrera no estuvo certificada”, agregó Roa.
Desde su punto de vista todo el proceso fue un gran engaño. “El mismo ITP incentivó a los estudiantes a ingresar a esa carrera. Antes de concluir, les hicieron hacer una prueba final de su carrera y en realidad era la prueba de validación de estudios, porque ellos no salen como alumnos regulares, como si hubiesen estado haciendo estudios libres”, agregó.
Para Roa cercanías políticas permitieron que se les diera esa solución. “Recordemos que estábamos en pleno gobierno de Sebastián Piñera, por lo que la SEREMI de Educación de esa época (Barbara Agüero), que era afín a Claudio Lavados, hizo las gestiones con el Liceo Técnico de Valdivia, donde también había una administración de derecha de Omar Sabat”, aseveró.
En efecto, para evitar una demanda aun mayor, el municipio tuvo que firmar un acuerdo extrajudicial con los alumnos de Tercero Medio, “que consistió con un computador y un modem para Internet”, asegura el abogado.
Este caso le costó el puesto al director del ITP, Jorge Paredes, y al director del Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM), Julio Jimenez, pero el alcalde Claudio Lavados nunca ha pedido perdón por el tema. “Para él esto es una persecución política, cuando entre los apoderados tenemos mucha gente que es muy derecha y votó por Lavados”, señaló Roa.
No obstante, el municipio todavía tiene tiempo para apelar al fallo, por lo que el caso aún no está del todo cerrado.
