Tal como se esperaba, el escándalo por la venta de madera del gimnasio de la Casa Duhalde llegó a los tribunales, mediante una denuncia de la Directora de Control, relacionada netamente con este espinoso asunto. Marcela Cares acusa a las máximas autoridades municipales de “vulnerar mis derechos fundamentales, acosarme, hostilizarme, menospreciarme, maltratarme, hostigarme y ofenderme con comentarios poco atinados y faltos de veracidad,” según la presentación al tribunal a la que nuestro medio tuvo acceso.
En el documento, Cares argumenta que Patricio Contreras menospreció y desvalorizó las gestiones del fiscalizador Nicolás Araneda sobre el uso de la madera del gimnasio. En la misma línea, sostiene que una comunicación de Contreras con la jefa de la oficina del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) menoscabó su función, “manifestando que no tenía mayor relevancia para el municipio y sin permitir que se le informara sobre ello,” señala en el libelo acusatorio. Además, la intermediación que Contreras quiso establecer entre ella y el alcalde es una acción de acoso laboral.
No obstante, la principal medida de este tipo fue la nota que nuestro medio publicó como derecho a réplica del administrador Contreras, en la que siente que se la trató de forma peyorativa y se le amenazó con una querella criminal. El acoso laboral también se extiende hacia la concejala Jessica Cossio, que respaldó a Contreras en este tema.
Cares señala que la situación le generó un deterioro físico y psíquico, por lo que se encuentra con licencia médica. Por ello, demanda que se sancione al alcalde Reinoso y se le indemnice por daño moral con una cifra de 100 millones de pesos.
Para el 9 de octubre, el Tribunal de Garantía de La Unión fijó una audiencia preparatoria, en la que la defensa de Cares presentará sus pruebas, mientras Reinoso y Contreras contestarán a la demanda. Todo en medio de una campaña electoral que se prevé sumamente interesante.
