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Informe de Contraloría acogió tres reclamos sobre convenio de conservación de edificios públicos en La Unión

No obstante, el órgano contralor desechó otros cinco reclamos. El informe se elaboró tras denuncias de los concejales Eliana Azócar, actual candidata al municipio por Chile Vamos, y Jarol Fuchslocher. Asimismo, la Municipalidad de La Unión deberá implementar medidas de control e iniciar procedimientos disciplinarios.

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A pocos días de las elecciones municipales, las eventuales irregularidades en el Municipio de La Unión vuelven a ser noticia, mediante un nuevo documento de la Contraloría. En un informe de 12 páginas, dicha entidad respondió a nueve presuntas irregularidades presentadas por los ediles, referentes al convenio entre el municipio de La Unión y el Gobierno Regional de Los Ríos, denominado “Conservación de Edificios Públicos Comuna de La Unión”, que implicó una inversión de más de 2.300 millones de pesos.

El informe de la Contraloría desestimó cinco presuntas irregularidades: la necesidad de autorización del convenio por parte del Concejo Municipal, errores en las bases del concurso y el decreto edilicio, problemas en las órdenes de subrogación, el rol de una funcionaria municipal en el proceso, e irregularidades en los permisos de edificación, que fueron gestionados por la Dirección de Obras Municipales (DOM).

No obstante, sobre este último punto, el municipio debe cobrar al contratista los derechos de edificación, “razón por la cual la Municipalidad de La Unión tendrá que implementar una actividad de control que permita asegurar, en lo sucesivo, el pago oportuno de los mencionados derechos tal como lo exige la legislación vigente”, según el documento oficial.

En la misma línea, Contraloría solicita a la municipalidad aportar la memoria de cálculo y los planos de estructura, para asegurar la viabilidad de las intervenciones. También se cuestionó que las modificaciones en el edificio consistorial no hayan contado con la conformidad de los copropietarios. Estos últimos puntos serán objeto de un procedimiento disciplinario para establecer eventuales responsabilidades administrativas. El municipio tiene un plazo de 15 días hábiles para iniciar el proceso.

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