Desde hace cinco años Diego Muñoz, técnico en construcción unionino, se trasladó hacia Puerto Montt, ejerciendo labores como supervisor y jefe de obras, pero en su última labor en la constructora Luis Navarro, donde remodeló la avenida presidente Ibáñez y la calle San Antonio de la capital de Los Lagos, tuvo problemas con otro jefe de obras, Manuel Melillanca. “Tal vez como era más joven me vio con envidia. Siempre me insultaba, yo lo ignoraba. Hasta que llegó un punto en el que está persona me agredió físicamente, zamarreándome, dándome pechazos y empujándome con los puños empuñados, además con insultos de alto calibre”, relata. Muñoz denunció esto ante el prevencionista de riesgos y el administrador de obras. Al día subsiguiente fue despedido, estando con contrato vigente. La causal fue término de faena, que no había concluido. Serviu respaldo esa información, que para Muñoz no es cierta. “En enero de 2024 Marcelo Matus, inspector de Serviu, firmó un documento que acreditaba que la calle estaba lista completamente, lo que no es así. Hay locatarios que tienen evidencia que no se ha cumplido, incluso hasta han roto matrices de agua potable,” asegura.
En este contexto, Muñoz se contactó con el ministro de Vivienda, Carlos Montes. “Nunca me respondió un correo, pero si su jefa de gabinete, Karen Tartakowsky, quien me dijo que investigarían la situación. Les dije que no pedía ayuda solamente que sean transparentes: “ya lo vamos a ver”, me decían, nunca lo hicieron”, expresa. En la misma línea sostiene que la propia directora regional del Serviu, Isabel de la Vega, mintió sobre la fiscalización a la constructora.
En efecto, el trabajador unionino sostiene la existencia de una convivencia entre el Serviu y la constructora Luis Navarro. “Casi la mayoría de las obras de urbanización en Puerto Montt la realizan ellos. Fui testigo que el inspector de Serviu, Marcelo Matus, salía a tomar desayuno con el administrador de obras, Francisco Vásquez. No sé si era amistad o se conocían”, recuerda.
Muñoz espera que se le resarza el daño moral y se responda los daños y perjuicios, por el despidió injustificado, lo que implicaría una suma de 26 millones, que podría ampliarse.
