La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de protección interpuesto por cuatro comunidades indígenas de la comuna de Los Lagos contra la Municipalidad local, a raíz del otorgamiento de un permiso de edificación a la empresa Salmones Antártica S.A. para el desarrollo del proyecto “DIA Río San Pedro”, que contempla la construcción de infraestructura para una piscicultura.
El recurso, presentado por la abogada Alejandra Donoso Cáceres en representación de las comunidades Saturnino Leal Neiman, Kimey Che Mapu, Rupallan Supray Antü y Fideliza Huaiquimilla, alegaba que la resolución N°05/25 de la Dirección de Obras Municipales, que autorizó la edificación de bodegas, oficinas y viviendas en el sector Melefquén, vulneraba garantías constitucionales al no haberse realizado un proceso de consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT.
Sin embargo, la Corte estimó que la Dirección de Obras actuó dentro de un marco estrictamente legal y reglado, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y que no le correspondía exigir un proceso de consulta indígena para este tipo de permisos. El tribunal también desestimó la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación municipal.
En su fallo, la Corte sostuvo que “las obras autorizadas no afectan directamente al río San Pedro”, por lo que no se configura el requisito necesario para la aplicación del Convenio 169 respecto de la afectación directa a pueblos indígenas. Asimismo, recalcó que el permiso de edificación recae exclusivamente sobre estructuras menores y no sobre infraestructuras de captación o descarga de agua.
Si bien se rechazó el recurso en esta sede judicial, el fallo deja abierta la posibilidad para que las comunidades y otras entidades recurran a vías administrativas o judiciales pertinentes en relación con la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, aprobada en 2008, o en caso de afectación directa por su eventual ejecución.
El proyecto ha generado preocupación en diversos sectores, incluyendo la Municipalidad de Valdivia, que se hizo parte en el proceso señalando posibles riesgos para el suministro de agua potable de la ciudad, así como impactos ambientales acumulativos sobre la cuenca del Calle-Calle.
