Chile arrastra desde hace décadas una contradicción profunda: exigimos modernización y eficiencia en la gestión pública, pero mantenemos estructuras legales anquilosadas que la impiden. Uno de los ejemplos más evidentes —y más silenciados— es el de los funcionarios municipales de planta, amparados por un estatuto administrativo que los vuelve, en la práctica, intocables.
Esta situación, heredada del régimen militar a través de la Ley 18.883, entrega a los funcionarios municipales una estabilidad que, aunque en su momento buscaba protegerlos de presiones políticas, hoy bloquea la posibilidad de mejorar equipos de trabajo, exigir resultados o enfrentar con decisión situaciones de abuso como las que hoy se viven con las licencias médicas.
Y es que el uso excesivo —y muchas veces abusivo— de licencias médicas en municipios está paralizando áreas completas, afectando la atención de los vecinos y desmoralizando a quienes sí cumplen con su labor diariamente. ¿Quién responde por los días en que no se atienden casos sociales, no se recogen residuos o no se ejecutan obras porque un funcionario se encuentra con licencia indefinida, repetida, y sin fiscalización?
El problema no está en el derecho a cuidar la salud, sino en el vacío legal que impide actuar cuando ese derecho se utiliza como escudo para la negligencia o el abandono del deber. Y aquí el problema de fondo es claro: no hay forma real de desvincular a estos funcionarios, ni siquiera con sumarios bien fundamentados. El proceso es largo, costoso, y a menudo infructuoso.
La situación en la Municipalidad de La Unión es un ejemplo concreto y lamentable de esto. Existen múltiples casos de sumarios administrativos abiertos contra funcionarios que, pese a las evidencias y las denuncias internas, nunca terminaron en sanciones efectivas. La burocracia, el miedo político y la maraña legal terminan por proteger al infractor.
En cambio, otros estamentos del Estado ya cuentan con herramientas más ágiles, como la evaluación por desempeño o la no renovación de contratos por pérdida de confianza. ¿Por qué los municipios no pueden hacer lo mismo, si son precisamente el primer rostro del Estado ante los ciudadanos?
Nos enfrentamos entonces a una “república de las licencias”, donde la inercia institucional ha terminado legitimando el ausentismo, la falta de compromiso y la impunidad. Esto no solo afecta la eficiencia del gasto público, sino también la dignidad del servicio municipal, y más grave aún: mina la confianza ciudadana en lo público.
Ha llegado la hora de tener esta conversación. Sin miedo, sin cálculos, sin populismo. Porque el verdadero acto de justicia laboral es proteger al que trabaja, no al que se escuda en la ley para no hacerlo. Y porque un municipio que no puede renovar ni evaluar a sus funcionarios, está condenado a administrar el pasado, no a construir el futuro.
