La esencia de una democracia sana radica en el acceso libre, oportuno y transparente a la información pública. En un país donde aún resuenan las consecuencias de múltiples casos de corrupción, el periodismo investigativo ha sido una de las pocas herramientas efectivas para desnudar estructuras de poder que operan en la oscuridad. Por eso, preocupa profundamente —y con razón— la alerta emitida por el Colegio de Periodistas de Chile frente al proyecto de ley que busca penalizar con cárcel la divulgación de causas judiciales que se encuentren bajo reserva.
Impulsada por un grupo transversal de senadores —Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso De Urresti (PS)— esta moción legislativa ha sido presentada bajo la premisa de proteger la integridad de los procesos judiciales. Los parlamentarios argumentan que la publicación de información reservada puede generar “juicios paralelos” en la prensa y poner en riesgo la presunción de inocencia de los imputados, afectando tanto el debido proceso como los derechos de las personas involucradas.
Dichos fundamentos, aunque comprensibles desde una óptica jurídica, deben ser analizados en equilibrio con el principio superior del derecho a la información. No se trata aquí de una defensa corporativa del periodismo; se trata de la defensa del derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Porque, ¿qué ocurre cuando esa reserva se convierte en un manto de impunidad? ¿Cuántos delitos de cuello y corbata seguirían ocultos sin el accionar valiente de periodistas que acceden a datos antes que la justicia se decida a actuar?
No olvidemos que investigaciones como el caso PENTA, SQM, Procultura o los múltiples escándalos en el Ejército y Carabineros salieron a la luz gracias a periodistas que, muchas veces con valentía y enfrentando presiones, accedieron a antecedentes que las instituciones del Estado pretendían mantener fuera del escrutinio público. ¿Qué hubiese ocurrido si en aquel entonces regía una norma como la que hoy se propone? ¿Cuántas de esas verdades seguirían sepultadas bajo la alfombra del poder?
Es llamativo que la propuesta haya sido presentada por un grupo transversal de parlamentarios, lo que no es habitual. Parece que las investigaciones periodistas los llevaron a unirse, dejando atrás sus diferencias políticas, para presentar este proyecto que muchos han denominado ley Mordaza 2.0. No es descabellado pensar que De Urresti y Araya lanzan este proyecto en su último periodo legislativo, dado que no podrán postular nuevamente al senado, por lo que no tendrán que responderles a sus electores sobre esta iniciativa.
Acá tenemos que detenernos en la figura del senador De Urresti, representante de nuestra región. Con ocasión del día de la prensa declaró que los medios “son fundamentales para la democracia y el pluralismo”. En la misma línea señaló la necesidad de “seguir trabajando en distintas iniciativas que permiten mejorar, ampliar y profundizar estos dos aspectos tan importantes de la libertad de prensa y la radio”. Parece que su “profundización de la libertad de prensa” es intentar llevar a la cárcel a los que dan información judicial. Por eso ahora se entiende su reconocimiento a la valentía de los periodistas y comunicadores, porque bajo la ley que impulsa nuestro senador se necesitarán esos dones para informar.
El comunicado del Colegio de Periodistas, presidido por Rocío Alorda, pone el dedo en la llaga: esta legislación no busca proteger la justicia, sino blindar a quienes se sirven de ella para encubrir prácticas opacas. En lugar de sancionar a los corruptos, se propone criminalizar a quienes los exponen. Es, en los hechos, una ley mordaza camuflada bajo la noble excusa de proteger la reserva judicial.
Se equivocan profundamente estos cinco legisladores que confunden la filtración irresponsable con el ejercicio riguroso del periodismo. La prensa, por cierto, debe actuar con ética, respetando la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas. Pero el interés público debe primar cuando lo que está en juego es la salud de nuestras instituciones democráticas.
No basta con citar el artículo 19 N.º 12 de la Constitución o la Ley de Prensa N.º 19.733 para defender esta libertad. Hoy es imperativo que la sociedad civil, los medios y la ciudadanía alcen la voz de forma clara y decidida: no se puede permitir que una norma de estas características avance sin un debate profundo, informado y plural. Y mucho menos, que se transforme en una herramienta para amedrentar a la prensa o intimidar a los profesionales que se atreven a cuestionar al poder.
En Diario El Ranco creemos que el rol de los medios no es agradar a los poderosos, sino servir a la verdad. Y la verdad, cuando incomoda, es precisamente cuando más necesita ser contada.
No se protege la democracia amordazando al periodismo. Se fortalece abriéndole espacio.
