La Corte Suprema acogió los recursos de protección presentados por dos funcionarias de la Municipalidad de La Unión, cuyos contratos habían sido arbitrariamente terminados en marzo de este año, pese a contar con notificación de renovación hasta diciembre de 2025. El máximo tribunal no solo ordenó su reincorporación inmediata, sino también el pago íntegro de sus remuneraciones y la continuidad de sus contratos hasta fin de año.
Durante abril, el abogado Javier Santibáñez Báez presentó ambas acciones legales ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, representando a una funcionaria que se desempeñaba en el área de Apoyos y Cuidados y ELEAM, y a una segunda funcionaria perteneciente a la Secretaría Municipal. Ambas fueron desvinculadas por decisión del alcalde Saturnino Quezada, con fecha 31 de marzo de 2025, pese a contar con notificación de renovación contractual para el presente año.
El abogado explicó que los recursos se fundaron en dos aspectos esenciales: “que ambas funcionarias habían sido notificadas de la renovación de su contrato por todo el año 2025 y que habían recibido en este proceso de desvinculación un trato discriminatorio en relación a otros funcionarios, ya que se invocó para el término de sus funciones razones de tipo económicas o presupuestarias”.
Si bien la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió los recursos y constató la existencia de una vulneración de derechos fundamentales, no ordenó su reintegro, por lo que el jurista apeló ante la Corte Suprema. Este lunes, la sentencia definitiva del máximo tribunal fue categórica: reincorporación inmediata, pago de sueldos impagos y extensión de contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.
“Este lunes obtuvimos una sentencia definitiva de parte de la Corte Suprema de Justicia: el reintegro de las funcionarias, el pago de sus remuneraciones durante el tiempo que estuvieron separadas de sus funciones y la extensión de sus contratos hasta el 31 de diciembre de este año”, declaró Santibáñez.
Confianza legítima
El abogado también criticó el uso de mecanismos administrativos para desvincular a trabajadores públicos con continuidad laboral. “He podido observar en este tiempo tramitando causas en favor de funcionarios públicos, diversas estrategias que han ocupado los alcaldes desde su asunción para poder despedir funcionarios, afectando principios tan importantes como el de confianza legítima y el respeto a la carrera funcionaria”, denunció.
Finalmente, enfatizó el valor de este pronunciamiento judicial: “En este momento la Corte Suprema nos recuerda que, por más que lo desee una autoridad en el poder, nadie se sitúa por encima de la ley”.
Las identidades de las funcionarias se mantienen en reserva, pero en los antecedentes judiciales se consigna que ambas mantenían varios años de servicio continuo en el municipio y habían recibido evaluaciones favorables en su desempeño desde al menos dos administraciones anteriores a la actual.
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Fuente información: diariolaunion.cl
