¿Sabían ustedes que ni la Contraloría General de la República ni el Ministerio Público pueden revisar las cuentas bancarias de un organismo público sin antes obtener autorización judicial para levantar el secreto bancario?
La sola afirmación resulta incomprensible. ¿Cómo es posible que la Contraloría, el principal ente fiscalizador de los recursos públicos, no tenga acceso libre e irrestricto a las cuentas bancarias de organismos públicos, tratándose precisamente de recursos que pertenecen a todos los chilenos?
Este requisito de levantar el secreto bancario para revisar fondos públicos no solo es una traba legal innecesaria, sino que constituye una anomalía institucional que atenta contra los principios básicos de transparencia, probidad y control del uso de los recursos del Estado. Resulta jurídicamente absurdo que el mismo estándar de protección bancaria que rige para los privados se aplique a las cuentas institucionales de entidades públicas financiadas con fondos de todos los chilenos.
Desde el sentido común, es inaceptable que el Ministerio Público, al iniciar una investigación por eventual corrupción, malversación de fondos o fraude al fisco, deba pasar primero por la autorización de un tribunal para acceder a información que debiese estar plenamente disponible. Esta burocracia judicial no solo retrasa los procesos investigativos, sino que también genera, en muchos casos, una continuidad de la impunidad.
Urge una modificación legislativa que excluya del secreto bancario a las cuentas institucionales de los órganos del Estado. Los recursos públicos efectivamente deben ser públicos y permanentemente fiscalizables. Lo contrario no solo es irracional: es un incentivo a la corrupción.
Helmuth Palma Oyarzo
Ing. Docente y consultor en probidad, transparencia y gestión municipal.
Diplomados en Probidad y Transparencia, Gestión Pública, Finanzas Municipales y Gestión de Proyectos Municipales.
