La formación técnico-profesional, al darle el valor que se merece, nos permite enfrentar de mejor manera los desafíos, facilitando la actualización de habilidades y promoviendo la capacidad innovadora en el país, y al ofrecer formación práctica y accesible.
El actual escenario geopolítico ha configurado un entorno sumamente complejo para el comercio internacional de Chile.
Los riesgos por la concentración comercial con China y Estados Unidos, la dependencia de materias primas estratégicas que están en el centro de la competencia global, nuestra necesidad histórica de diversificación y autonomía comercial, la búsqueda de nuevos socios evitando alineamientos forzados, la vulnerabilidad latente ante disrupciones en cadenas de suministro y presiones para elegir bloques comerciales, y la fragmentación del sistema multilateral, están afectando el clima de negocios y la estabilidad económica nacional.
A esta fragmentación geopolítica y económica que estamos viviendo a nivel global, también se suma la incertidumbre política que atravesamos internamente por este año eleccionario, y los diversos problemas logísticos que estamos enfrentando, ya que por mucho que consideremos nuestros puertos eficientes, ciertamente no dan abasto frente a las necesidades del país. Por lo tanto, urge una mayor inversión portuaria y, por cierto, de mejor infraestructura terrestre, mayores estándares de los servicios frente a ciberataques y más personal calificado en todo nuestro sistema logístico.
En esta urgente y necesaria modernización, los empresarios cuando iniciamos un emprendimiento tenemos la incertidumbre propia de su resultado, de los mercados y por eso es por lo que arriesgamos capital financiero, reputación, trabajo, pero siempre vamos a necesitar certezas a lo menos en las reglas del juego, entendiendo por éstas fundamentalmente las políticas públicas, para las que estoy convencido que es clave profundizar la colaboración público-privada.
En mis más de 40 años de experiencia laboral en los rubros aduaneros, comercio internacional y logística, y en los cerca de 25 años de trayectoria gremial, he participado de innumerables instancias de este tipo con distintos avances, pero también con muchos esfuerzos infructuosos, siempre con el obstáculo de que, por lo general, son instancias no vinculantes y que surgen más por la voluntad de quienes las integran y no por las instituciones que representan y que, por ende, desaparecen finalmente por falta de gobernanza o estrategias a mediano o largo plazo.
El denominador común de los casos exitosos de colaboración público – privada en Chile y en el mundo es que se caracterizan de un marco institucional sólido y transparente, objetivos compartidos a largo plazo, participación equitativa de los actores, un uso intensivo de tecnología y digitalización, y una fuerte capacidad técnica y de regulación.
En la línea de mejorar nuestras capacidades técnicas como país es fundamental el cómo preparamos a nuestros jóvenes frente a estos distintos desafíos. Esto porque lamentablemente se estima, según datos del MINEDUC, que el 60 % de los estudiantes que egresan de la educación media técnico profesional no continúan en carreras técnicas, universitarias ni se insertan con éxito en el mundo laboral.
Sin embargo, estoy seguro que la educación técnico profesional contribuye de manera significativa al crecimiento económico de un país principalmente a través de la formación de capital humano calificado para responder a las innumerables necesidades productivas y tecnológicas de la economía de hoy.
Si nuestra apuesta público-privada fuera en esta línea, los beneficios serían innumerables. La educación técnico profesional genera alta empleabilidad y una rápida inserción laboral, incrementando la actividad productiva y reduce el desempleo, además de dar respuesta a la demanda de sectores como la minería, construcción, agroindustria, tecnología, comercio y servicios, todos motores económicos fundamentales en este nuevo escenario mundial. Esto permite que las empresas y, en general, todas las instituciones, cuenten con más y mejores trabajadores capacitados, elevando la productividad y competitividad.
La formación técnico-profesional, al darle el valor que se merece, nos permite enfrentar de mejor manera los desafíos, facilitando la actualización de habilidades y promoviendo la capacidad innovadora en el país, y al ofrecer formación práctica y accesible, permite que personas de los distintos estratos socioeconómicos mejoren su nivel de vida y su inclusión social; además, por su mayor cobertura y accesibilidad a lo largo del país, nos permite descentralizar oportunidades y mejorar el alineamiento entre formación y necesidades productivas de cada región, impulsando así economías locales.
Este es solo un ejemplo de las diversas esferas en que debemos avanzar. Un verdadero trabajo público-privado, en una relación virtuosa, en conjunto, ya que, en definitiva, el Estado debe ser uno solo, somos los públicos y privados, somos todos. Es la única manera de consolidar las bases para una economía más competitiva y sostenible en este desafiante nuevo orden mundial.
Por Ricardo Mewes.
Ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
