El 28 de septiembre fue el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, ocasión propicia para reflexionar sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública (DAI) y su institucionalidad. Aunque parezca un derecho consolidado, hechos ocurridos dentro y fuera de Chile sugieren lo contrario, por eso conmemoraciones como esta nos recuerdan que requiere defensa permanente.
El DAI permite ejercer control social sobre el aparato público: conocer decisiones, fundamentos y uso de recursos. También refuerza la rendición de cuentas y la participación ciudadana, sentando las bases para aumentar la confianza pública.
Desde hace más de 16 años contamos con la Ley de Transparencia y el Consejo para la Transparencia (CPLT) que la garantiza, organismo autónomo y con potestad sancionatoria. En este tiempo, el CPLT ha resuelto más de 100 mil casos y el Portal de Transparencia que administra, creado en 2013, ha recibido más de 50 millones de visitas y tramitado más de 2 millones de solicitudes de acceso a la información, consolidando una cultura de transparencia.
Hoy, esta valiosa legislación requiere actualizarse. Existe consenso académico en extender el régimen general de transparencia al Poder Legislativo, al Judicial y a todos los órganos autónomos constitucionales, poniendo fin a los regímenes atenuados que los rigen. También en aprovechar la inteligencia artificial para facilitar la disponibilidad y búsqueda de información en transparencia activa. En este contexto de avance tecnológico, surge el desafío adicional de que los ciudadanos conozcan qué sistemas de decisión automatizada usa el Estado, cómo funcionan y cómo los afectan. Por eso, el CPLT publicó recientemente sus Recomendaciones de Transparencia Algorítmica, abriendo el debate para incorporar esta materia de forma vinculante en la ley.
Si bien el camino a seguir parece delineado, se observan señales inquietantes. En países como México, órganos autónomos han enfrentado su desaparición. En Chile no estamos en ese escenario, pero sigue pendiente desde 2018 el proyecto de modernización de la Ley de Transparencia. Aunque contiene avances, deja cuestiones abiertas: completar la extensión del régimen general de transparencia, transparencia de los algoritmos estatales y la ampliación de transparencia activa. Debe resguardarse, además, que en la tramitación no se debilite la autonomía del CPLT, como ya ha sido advertido.
El llamado a los colegisladores es a evitar retrocesos que afecten a los órganos fiscalizadores y, en cambio, reforzar la institucionalidad, actualizarla y elevar estándares de control. Así no solo se protege el DAI, sino que también se recupera la confianza en la gestión pública.
