Señor Director:
La propuesta de eliminar el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y recortar su presupuesto surge del informe de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público del Ministerio de Hacienda, que califica la participación juvenil como un “gasto innecesario”. Este planteamiento no es un ajuste técnico: es un acto político que invisibiliza a millones de jóvenes y debilita la democracia territorial.
Como presidente nacional del Consejo de la Sociedad Civil – INJUV y consejero de la Región de Los Ríos, conozco de primera mano cómo los jóvenes de Paillaco, La Unión, Río Bueno, Futrono, Lago Ranco, Mariquina, Máfil y Valdivia participan activamente en la vida comunitaria: lideran proyectos culturales, voluntariados, programas de emprendimiento y formación cívica que fortalecen sus territorios. La Región de Los Ríos registra uno de los índices más altos de participación juvenil del país, y el INJUV ha sido el puente que conecta estos territorios con decisiones nacionales.
Lo que hoy se legisla con desprecio hacia las juventudes tendrá efectos irreversibles mañana. Los políticos de hoy no estarán cuando enfrentemos las consecuencias de sus decisiones, pero nosotros, las juventudes, seremos quienes sufriremos o disfrutaremos de lo que se decida sobre educación, derechos, cultura y participación ciudadana. Y, paradójicamente, somos buscados únicamente como votos durante las campañas, pero nunca como agentes de decisión del presente y del futuro cercano.
Cerrar el INJUV es centralismo disfrazado de eficiencia. Es silenciar a quienes construyen sociedad desde Paillaco hasta Lago Ranco, a pueblos originarios, migrantes, mujeres y personas LGBTI+ que encuentran en esta institución oportunidades únicas de participación e inclusión. Es ignorar que la democracia no puede limitarse a un calendario electoral: sin participación efectiva hoy, el mañana será desigual y excluyente.
Además, esta medida contradice compromisos internacionales suscritos por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración de la ONU sobre Juventud y la Convención Americana de Derechos Humanos, que exigen garantizar participación y protección efectiva de los derechos de las juventudes.
Eliminar al INJUV no es ahorro: es desprecio, centralismo y un retroceso político que amenaza la cohesión social y la democracia territorial. Fortalecer al INJUV es invertir en un país donde cada joven pueda decidir, liderar y transformar su comunidad y su futuro hoy, no solo ser un voto en campañas que olvidan su voz mañana.
Atentamente,
Álvaro González Silva
Presidente del Consejo de la Sociedad Civil – INJUV
