Aunque la ley no entrega mayores facultades a los funcionarios municipales de seguridad, sí incorpora avances relevantes. Entre ellos destacan la formalización de la articulación interinstitucional, el establecimiento de reglas claras para el tratamiento de información obtenida mediante cámaras de vigilancia, la posibilidad de contratar funcionarios municipales bajo el Código del Trabajo y nuevas medidas de protección para los equipos de seguridad municipal.
El gerente de Campo Seguro, Francisco Muñoz, señaló que “es un avance relevante el reconocimiento y la ecualización de la labor municipal en seguridad que se venía realizando por municipios de mayor envergadura hace más de 20 años. Sin embargo, es muy probable que se mantengan las brechas de seguridad entre los municipios de mayores ingresos y los municipios más pequeños, especialmente de comunas rurales”.
Muñoz recordó que un reciente estudio de seguridad municipal rural, encargado por la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Universidad de O’Higgins, identificó los delitos de mayor impacto en territorios rurales: violencia intrafamiliar, tráfico de drogas, robos en bodegas y predios, abigeato y robo de producción. Asimismo, el informe concluyó que las capacidades de televigilancia en zonas rurales van de nulas a muy limitadas, al igual que los niveles de fiscalización, y que países como México, Colombia, Argentina y Perú se presentan como referentes regionales en esta materia.
En este contexto, Muñoz advirtió que la nueva normativa podría ampliar las brechas ya existentes si no se acompaña de inversión pública dirigida a los municipios rurales: “Si no se destinan recursos adicionales a los municipios de menor tamaño y rurales, se profundizará la diferencia de cobertura de seguridad municipal en el país. Esto es especialmente preocupante considerando el arribo de nuevos delitos, como el robo de piezas y partes electrónicas —particularmente cobre— que se suman al ya recurrente abigeato y al robo de insumos y equipamiento”, afirmó.
Campo Seguro reiteró la necesidad de fortalecer las capacidades locales para enfrentar los delitos propios del mundo rural, enfatizando que una implementación equilibrada de la ley será clave para reducir las brechas territoriales y avanzar en prevención.
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