Tras la difusión de antecedentes en redes sociales (Info Río Bueno) y medios locales respecto de órdenes de compra emitidas por la Municipalidad de Río Bueno durante 2025, las cuales involucran al proveedor Álvaro Ramírez Medina, hermano de la concejala Patricia Rojas Medina, desde el municipio se entregaron precisiones oficiales que permiten contextualizar el origen, vigencia y estado actual de dichos contratos.
De acuerdo con la información revisada, se trata de dos órdenes de compra específicas, ambas emitidas el 3 de febrero de 2025, que en conjunto suman $464.368.353, y que corresponden a contratos licitados con anterioridad, bajo modalidades de arrastre y renovación previstas en las bases administrativas.
La primera corresponde a la Orden de Compra N° 3833-106-SE25, por un monto total de $383.080.848, asociada al servicio de barrido de calzadas, con vigencia entre enero y diciembre de 2025. Este contrato corresponde a una renovación de un servicio previamente licitado, opción que fue aprobada por el Concejo Municipal en noviembre de 2024, conforme a lo establecido en el contrato original.
La segunda corresponde a la Orden de Compra N° 3833-107-SE25, por un monto de $81.287.505, vinculada a los servicios de recolección de residuos domiciliarios, mantención de cementerios y del vertedero municipal, con vigencia hasta fines de marzo de 2025. Según se informó, este contrato no fue renovado por la actual administración, ya que correspondía al término de un proceso licitado en la administración anterior.
Desde el municipio se aclaró que ninguna de estas órdenes de compra corresponde a nuevas licitaciones realizadas durante 2025, sino que ambas derivan de procedimientos iniciados con anterioridad o de renovaciones expresamente contempladas en las bases y aprobadas por el órgano colegiado correspondiente.
Asimismo, se informó que la Municipalidad de Río Bueno se encuentra actualmente a la espera de un pronunciamiento formal de la Contraloría General de la República, con el objetivo de que dicho organismo se manifieste de manera explícita respecto de la eventual inhabilidad por parentesco, considerando las modificaciones legales recientes y las interpretaciones existentes en torno a su aplicación a autoridades comunales, en particular a concejales.
Esta consulta a Contraloría se relaciona con nuevos procesos de licitación iniciados durante 2025, los cuales no han sido adjudicados, precisamente a la espera de contar con un respaldo jurídico claro que permita adoptar decisiones ajustadas a derecho. En este contexto, se precisó que no se ha iniciado ni se proyecta iniciar un sumario administrativo, ya que el procedimiento seguido ha sido la consulta formal al órgano contralor.
Finalmente, desde el municipio se reiteró que los contratos provenientes de 2024 ya finalizaron o se encuentran próximos a terminar, y que cualquier decisión futura sobre adjudicaciones se adoptará una vez que exista un pronunciamiento definitivo de Contraloría, resguardando los principios de legalidad, probidad y transparencia en la administración de los recursos públicos.
