Durante la mañana de este lunes, un grupo de familias provenientes de distintos sectores rurales de las comunas de Río Bueno y La Unión se manifestó pacíficamente frente a las dependencias del SERVIU provincial en La Unión, expresando su preocupación por los extensos retrasos en la tramitación de proyectos habitacionales correspondientes al subsidio DS-10.
En representación de las familias afectadas, la dirigenta Ana Cárdenas explicó que se trata de 93 familias pertenecientes a ocho sectores rurales, quienes han trabajado durante meses con la entidad patrocinante Altagracia. “Hasta mayo estaba todo en regla, pero a partir de ese mes comenzaron los problemas con Obras Municipales y la Seremi de Salud, principalmente por la resolución asociada al uso de camiones aljibe, lo que nos generó una demora de varios meses”, señaló.
Según detalló, recién en noviembre se logró avanzar en el proceso de firmas necesarias para la resolución final. “De cinco firmas, estamos esperando únicamente la del ministro. Nos dijeron que en dos semanas estaría lista, pero ya ha pasado más de un mes y seguimos sin respuesta”, agregó la dirigenta, manifestando la incertidumbre que enfrentan las familias.
Respuesta de SERVIU
Tras reunirse con los manifestantes, la encargada del Departamento Provincial del Ranco, Verónica Garza, indicó que existe voluntad política para destrabar la situación. “La directora tomó contacto directo con el ministro y se está trabajando para evacuar la resolución hoy o, a más tardar, mañana. Se están haciendo todos los esfuerzos para que así ocurra”, afirmó.
Respecto al temor de las familias de perder los beneficios obtenidos, la funcionaria llamó a la tranquilidad. “Lo veo muy difícil. Las familias cumplieron con todos los requisitos y ya fueron evaluadas. Falta el trámite administrativo, pero existe compromiso de la más alta autoridad. El ministro está involucrado y trabajando en esto”, sostuvo, comprometiéndose además a mantener informadas tanto a la entidad patrocinante como a la dirigencia.
Inquietud de la entidad patrocinante
Por su parte, Catherine Silva, socia y fundadora de la entidad patrocinante Altagracia, explicó que la movilización responde a promesas incumplidas y falta de información clara. “Tenemos 93 familias con proyectos técnicos y subsidios rurales aprobados desde mayo. En ese momento se nos indicó oficialmente que en un plazo aproximado de dos meses llegarían los recursos para ejecutar las obras, lo que no ocurrió”, señaló.
Silva agregó que posteriormente se les informó que el Ministerio había unificado distintos procesos de postulación —de mayo, julio y septiembre— lo que extendió los plazos, situación que no fue comunicada oportunamente. “Desde fines de noviembre estamos esperando la firma final del ministro. Sabemos que la resolución ya pasó por todos los departamentos correspondientes y está en su última etapa”, indicó.
Asimismo, advirtió que la falta de certezas genera una fuerte tensión tanto en las familias como en el trabajo de la entidad patrocinante. “Somos una entidad relativamente nueva, con cerca de 300 proyectos patrocinados en la región, y hasta ahora no hemos recibido ningún pago por el trabajo realizado durante casi dos años. Sin pagos a las entidades, el déficit habitacional se profundiza, porque no hay empresa que pueda sostenerse en estas condiciones”, concluyó.
Las familias manifestaron que esperan una pronta solución y una comunicación oficial clara por parte de las autoridades, que permita dar continuidad a proyectos habitacionales largamente esperados y evitar mayores perjuicios sociales en los sectores rurales de la provincia del Ranco.
