Una grave alerta encendió la Contraloría General de la República tras la publicación del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°19, donde se detectó que durante el año 2025 diversos organismos públicos del país mantuvieron contratadas a personas legalmente inhabilitadas para trabajar con niños, niñas y adolescentes, situación que constituye un incumplimiento grave de los deberes de control y probidad administrativa.
En el caso de la Región de Los Ríos, el informe identifica a los siguientes organismos públicos involucrados:
Municipalidad de Valdivia
Servicio Local de Educación Pública Valdivia
Municipalidad de Lago Ranco
Municipalidad de Mariquina
Según detalla el documento, estar inhabilitado significa que una persona posee una prohibición legal expresa para desempeñar funciones vinculadas a menores de edad, derivada de condenas penales o de su inclusión en registros oficiales de inhabilidades. Esta prohibición es objetiva, automática y obligatoria, y no depende del tipo de contrato, la función específica ni de la voluntad de la autoridad que contrata.
La Contraloría recuerda que todos los organismos públicos tienen la obligación legal permanente de verificar estos antecedentes antes de contratar y durante toda la relación laboral, especialmente cuando se trata de funciones que involucran contacto con niños, niñas y adolescentes. El incumplimiento de esta obligación no solo genera responsabilidades administrativas, sino que además vulnera gravemente los principios de probidad y control, pilares fundamentales de la función pública.
En términos claros —advierte el informe— la falta de verificación no constituye un error administrativo menor, sino una falla grave del sistema de control público, que expone a menores de edad a riesgos que el ordenamiento jurídico chileno busca expresamente prevenir.
Desde el órgano contralor se espera que las instituciones involucradas adopten medidas correctivas inmediatas, determinen responsabilidades y fortalezcan sus mecanismos de control, a fin de resguardar de manera efectiva los derechos y la seguridad de niños, niñas y adolescentes.
