La discusión en torno a la Ley de Humedales Urbanos ha puesto sobre la mesa una tensión real: cómo proteger ecosistemas que por naturaleza no tienen límites definidos, en un país donde la necesidad de vivienda es urgente y legítima. El debate jurídico existe, y es válido. Pero hay un problema anterior que nadie está nombrando.
Estamos intentando resolver con líneas en un mapa un problema que ocurre en redes. Y eso no funciona.
Un humedal no es una parcela. Es un nodo dentro de un sistema hídrico, biológico y climático que conecta cuenca arriba con cuenca abajo, suelo con atmósfera, microorganismos con salud humana. Delimitarlo por sus bordes visibles es como intentar proteger un pulmón sin entender que respira conectado a un sistema circulatorio completo.
El resultado es predecible: criterios discrecionales, conflictos interpretativos, parálisis en los proyectos y destrucción silenciosa de funciones que nadie midió porque nadie sabía cómo hacerlo.
LA PREGUNTA CORRECTA
El debate hoy se plantea como una dicotomía: humedal o vivienda, protección o desarrollo. Pero esa es una pregunta mal formulada.
La pregunta correcta no es «¿humedal sí o no?», sino: ¿qué función cumple este suelo dentro del sistema mayor? ¿Qué regula? ¿Qué retiene? ¿Qué ocurre aguas abajo, en las napas, en la biodiversidad, en la salud de las personas que viven en ese territorio, si intervenimos aquí?
Esas preguntas no se responden con un mapa. Se responden con datos biológicos, funcionales, trazables en el tiempo.
Y hoy, en Chile, esos datos no existen de forma sistemática. No porque sea imposible generarlos, sino porque el modelo con el que gestionamos el territorio no está diseñado para producirlos.
UN MODELO QUE PUEDE CAMBIAR EL DEBATE
Desde la agricultura regenerativa se ha desarrollado en los últimos años una comprensión diferente del suelo: no como soporte físico, sino como sistema vivo. Un sistema donde la microbiología, la biodiversidad vegetal, la conectividad hídrica y la función biológica son variables medibles, interpretables y, sobre todo, gestionables.
Este enfoque, que ya se aplica en sistemas ganaderos y agrícolas del sur de Chile, plantea algo que la política pública debería escuchar: es posible medir la función biológica de un territorio antes de intervenir. Es posible determinar, con evidencia, qué papel cumple ese suelo en la regulación del agua, en el control natural de patógenos, en la estabilidad climática local. Y es posible construir indicadores que transformen esa información en reportes verificables, auditables, comparables en el tiempo.
Estudios globales basados en más de 1.600 metagenomas de suelos en 59 países han demostrado un patrón consistente: a mayor diversidad microbiana del suelo, menor es la prevalencia de patógenos bacterianos humanos. La biodiversidad del suelo no es solo un indicador ambiental. Es un sistema de defensa biológico. Y cuando se destruye, el costo lo pagan las personas.
Eso no es abstracción académica. Es información que debería estar sobre la mesa de cada Seremi, de cada municipio, de cada desarrollador inmobiliario que solicita un permiso en una zona de función biológica relevante.
CUATRO CAMBIOS CONCRETOS
Si se quiere superar esta parálisis, la política pública necesita al menos cuatro cambios de enfoque:
Primero, mapear la funcionalidad del territorio, no solo su superficie. La zonificación debe incorporar indicadores de función biológica: biodiversidad microbiana, conectividad hídrica, resiliencia ecosistémica. No solo límites en un mapa.
Segundo, valorar económicamente los servicios que esos suelos prestan antes de intervenir. Regulación hídrica, captura de carbono, control de patógenos: estos son servicios con costos calculables. Si no se valoran, se toman como gratuitos hasta que su pérdida se hace insoportable.
Tercero, establecer zonas de alta función biológica con criterios técnicos, no discrecionales. La diferencia entre una zona protegible y una intervenible no debería depender de interpretaciones, sino de datos. Datos que hoy es posible generar.
Cuarto, exigir compensaciones que restauren función, no solo superficie. Plantar árboles en otro lugar no recupera la red microbiana ni la conectividad hídrica de lo que se destruyó. Una compensación real debe ser medida, verificable y auditada en el tiempo.
EL VERDADERO CONFLICTO
Es necesario ser honestos: la necesidad de vivienda en Chile es real, urgente y no se resuelve con purismo ambiental. Las familias que necesitan un techo no pueden esperar que se resuelva un debate filosófico sobre la naturaleza.
Pero también es necesario ser honestos en la otra dirección: construir sobre sistemas que regulan el agua, el clima y la salud de una ciudad tiene costos sistémicos que terminan pagando exactamente esas mismas familias. En inundaciones. En enfermedades. En pérdida de calidad de vida.
El conflicto real no es humedal versus casa. Es corto plazo versus largo plazo. Y lo que falta no es más legislación, sino mejores datos para tomar decisiones con consecuencias visibles.
Un sistema productivo o territorial no mejora cuando se corrigen sus partes por separado. Mejora cuando se entienden sus relaciones. Y para entender relaciones, primero hay que medirlas.
Eso es lo que Chile necesita: no una nueva ley que trace otra línea en otro mapa, sino la capacidad institucional de entender el territorio como lo que realmente es: un sistema vivo, interconectado, que no pide permiso para funcionar ni espera que lo delimiten para existir.
Por Hardy Cárdenas Quichillao. Director, Diario El Ranco.
