El Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional destinado a fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y ampliar las herramientas disponibles para enfrentar al crimen organizado.
Según informó BioBioChile, la iniciativa forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y fue presentada con suma urgencia, estableciendo un plazo de 15 días para su discusión legislativa.
El proyecto contempla ocho modificaciones constitucionales, comenzando por incorporar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado, junto con establecer nuevas disposiciones dirigidas a combatir las organizaciones criminales.
Entre las medidas propuestas se encuentran regímenes penitenciarios diferenciados y restricciones de comunicaciones, visitas, traslados y acceso a determinados beneficios para personas condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado, cuando estas medidas sean necesarias para impedir la continuidad de actividades ilícitas desde recintos penitenciarios.
Asimismo, se plantea que las personas condenadas por estos delitos queden inhabilitadas de manera permanente para ejercer cargos o funciones públicas.
Registro de organizaciones criminales
De acuerdo con lo consignado por BioBioChile, la reforma permitiría que una ley establezca registros de organizaciones criminales, cuya incorporación tendría efectos al momento de determinar la responsabilidad penal de sus integrantes. Esto no eliminaría la obligación del Ministerio Público de acreditar individualmente la participación de cada imputado.
Otra de las modificaciones entregaría al Presidente de la República la facultad de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.
Esta declaración tendría que ser posteriormente aprobada por el Senado, en sesión secreta y con el respaldo de dos tercios de sus miembros en ejercicio.
Nuevo estado de excepción
Uno de los principales cambios contemplados es la creación de un estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser declarado ante una amenaza grave e inminente o cuando exista una afectación grave de la seguridad pública.
La medida podría extenderse inicialmente por un máximo de 120 días y ser prorrogada por un período equivalente. Para posteriores extensiones sería necesario contar con la aprobación del Congreso Nacional.
Durante su aplicación, las zonas involucradas quedarían bajo la dependencia inmediata de un oficial general designado por el Presidente. La propuesta contempla además la eventual colaboración de las Fuerzas Armadas, bajo las condiciones que determine una ley orgánica constitucional.
El proyecto también permitiría al Ejecutivo suspender o restringir determinados derechos durante la vigencia de este estado de excepción, entre ellos la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y de asociación. Además, contempla facultades para interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, así como disponer requisiciones de bienes.
Finalmente, el Senado tendría un plazo de cinco días para aprobar o rechazar las declaraciones presidenciales que califiquen a una agrupación como terrorista o de crimen organizado, decisión que requeriría un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio.
Según informó BioBioChile, la reforma lleva las firmas del presidente José Antonio Kast y de los ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Defensa, Fernando Barros; de Seguridad Pública, Martín Arrau; y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
