La cifra representa una caída de 13,8 puntos porcentuales frente a 2025, cuando había alcanzado un 70,5%. Los Ríos quedó, además, más de 35 puntos por debajo del promedio nacional de los GORE, que llegó a 92,27%.
La fiscalización detectó incumplimientos en la publicación de 17 materias, cerca de la mitad de las áreas revisadas. Entre ellas se encuentran los antecedentes sobre personal de planta, contrata y honorarios, y sus remuneraciones y bonificaciones, los que estaban desactualizados.
También se encontró información desactualizada sobre transferencias, contratos de bienes inmuebles, subsidios, beneficiarios y decisiones con efectos sobre terceros. Los antecedentes sobre modificaciones y ejecución presupuestaria estaban incompletos, mientras que algunos enlaces relacionados con auditorías y vínculos con otras entidades no funcionaban correctamente.
El GORE de Los Ríos tampoco cumplió ninguna de las tres obligaciones de transparencia presupuestaria exigidas por la Ley de Presupuestos 2026 que adicionalmente revisó el CPLT. No cumplió con la correcta publicación de información sobre concursos y proyectos adjudicados; antecedentes sobre entidades privadas receptoras de transferencias superiores a 2.000 UTM ; ni informes sobre la ejecución de los recursos provenientes del royalty minero.
“Estos resultados constituyen una alerta. No estamos hablando de antecedentes secundarios, sino de información que permite conocer a quién contrata el Gobierno Regional, qué beneficios entrega, quiénes reciben recursos y cómo se ejecuta el presupuesto. Los resultados sugieren que el GORE de los Ríos necesita adoptar las medidas que sean pertinentes para que las personas puedan ejercer un control efectivo sobre las decisiones regionales”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González.
La situación regional contrasta con el resultado general del país. El promedio de los 16 gobiernos regionales subió 16,2 puntos porcentuales respecto de 2025 y llegó a 92,27%, el nivel más alto del sector desde 2015.
La fiscalización se realizó durante febrero y marzo de 2026 e incluyó revisiones de los sitios de transparencia de los GORE y de la información disponible en el Portal de Transparencia del Estado.
El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de fiscalizar en Chile el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el derecho de las personas a acceder a información pública. Los gobiernos regionales están obligados por ley a mantener estos antecedentes completos, actualizados y disponibles. Si se acreditan infracciones, el CPLT puede iniciar procedimientos sancionatorios y aplicar multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración de la autoridad o jefe de servicio y/o de los funcionarios responsables.
