DECLARACIÓN PÚBLICA GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS:
Ante la emisión de los informes finales de la Contraloría Regional de Los Ríos relacionados con proyectos financiados mediante los Fondos Vida en Comunidad, el Gobierno Regional considera necesario informar a la comunidad respecto de sus conclusiones, las acciones institucionales que se han desarrollado y las medidas que continuaremos adoptando para resguardar adecuadamente los recursos públicos.
En relación con la investigación vinculada al Fondo Vida en Comunidad, los antecedentes dan cuenta de la participación de un ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, anterior al periodo del Gobernador Luis Cuvertino, una vez fuera de la institución, quien habría intervenido como gestor externo en la formulación, ejecución y rendición de diversas iniciativas, participando como proveedor de servicios en estos proyectos, a través de sus empresas, obteniendo beneficios económicos. Se trata de antecedentes de especial gravedad, cuyas eventuales responsabilidades deben ser determinadas por los organismos competentes.
Frente a estos hechos, el Gobierno Regional, una vez conocidos antecedentes que podían dar cuenta de irregularidades, puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público, instruyó procedimientos administrativos, se implementó una nueva Unidad de Rendiciones, se conformaron instancias especiales de revisión y se adoptaron medidas destinadas a impedir que eventuales irregularidades pudieran consolidarse mediante la aprobación de rendiciones o de la transferencia de los recursos. Asimismo, se han desarrollado acciones respecto de las garantías, recuperación de recursos y revisión de los proyectos involucrados.
Junto con ello, asumimos con responsabilidad que los informes de Contraloría identifican debilidades en determinados procedimientos de control, supervisión y revisión institucional durante el periodo observado. La magnitud que alcanzaron estos fondos, el elevado número de organizaciones e iniciativas financiadas y las capacidades disponibles para realizar fiscalizaciones presenciales sistemáticas forman parte del contexto en que estas situaciones ocurrieron, pero no constituyen una excusa. Nuestra obligación es aprender de estos hechos, fortalecer los controles y generar mayores garantías para que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse, especialmente porque el objeto de estos fondos es que lleguen a las personas.
Respecto del proyecto asociado a la Banda La Teruka y la personalidad jurídica de Surcultura que presentó el proyecto, es importante precisar que, al detectarse inconsistencias en el proceso de rendición, estas fueron observadas por el propio Gobierno Regional y la rendición finalmente no fue aprobada, por lo que el GORE se encuentra demandando a esta institución. Posteriormente, conocidos nuevos antecedentes relacionados con una eventual adulteración documental, el Gobierno Regional presentó denuncias ante el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos.
A partir de estos antecedentes hemos determinado la necesidad de fortalecer los procedimientos asociados a la entrega y fiscalización de recursos regionales, incorporando mayores mecanismos de control sobre intermediarios, revisión de proveedores y precios, supervisión de la ejecución de las iniciativas, trazabilidad de los gastos, control de eventuales duplicidades de financiamiento y mayores exigencias en los procesos de rendición de cuentas.
Nuestro deber es distinguir adecuadamente las responsabilidades, colaborar plenamente con las investigaciones, recuperar los recursos públicos cuando corresponda y corregir aquellas debilidades institucionales que estos procesos han dejado en evidencia. Decimos con claridad, que ni el Gobierno Regional, ni sus funcionarios han utilizado fondos para beneficio personal, ya que son recursos transferidos a las organizaciones sociales vía concurso público y sujeto a rendiciones.
Los recursos regionales pertenecen a todas y todos los habitantes de Los Ríos. Si existen personas que mediante actuaciones fraudulentas intentaron obtener un beneficio indebido a costa de esos recursos, será el Ministerio Publico y los Tribunales de Justicia los encargados de determinar sus responsabilidades. Y si existen procedimientos del Gobierno Regional que deben ser mejorados, nuestra responsabilidad es reconocerlo, corregirlo y fortalecerlo.
Ese es el compromiso que asumimos con la comunidad regional, actuar con transparencia, defender los recursos públicos y avanzar hacia estándares cada vez más exigentes de probidad, fiscalización y control.
