El aluvión que afectó este jueves 8 de octubre a la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, provocó graves daños materiales, vehículos arrastrados y al menos seis personas lesionadas. Frente a la emergencia, el Gobierno del presidente José Antonio Kast instruyó declarar la comuna zona afectada por catástrofe, facilitando la movilización de recursos y la adopción de medidas extraordinarias.
Una decisión necesaria para enfrentar los daños y proteger a la población, que se tomó con la premura que la emergencia lo exigía. No obstante, esta acción inevitablemente lleva a recordar lo ocurrido a principios de julio de este mismo año en Corral, Región de Los Ríos.
En aquella oportunidad, las intensas precipitaciones provocaron inundaciones, remociones en masa, viviendas dañadas y graves problemas de conectividad. El alcalde Claudio González informó de decenas de emergencias y advirtió sobre la magnitud de los daños.
A pesar de ser un alcalde de gobierno, González no fue atendido por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sino por el subsecretario Máximo Pávez, quien, de acuerdo a la versión de González, le bajó el perfil a la emergencia, asegurando que no era tanta la lluvia. “O sea, 300 milímetros en 30 y tantas horas es algo significativo, es algo que en cualquier lugar generaría expectación», reclamó González por la prensa. Sus reclamos no sirvieron de nada, porque se descartó declarar zona de catástrofe.
Semanas después, cuando los temporales se extendieron por distintas zonas del país, ahí recién el gobierno se dignó a incluir a la Región de Los Ríos dentro de los territorios afectados por la catástrofe.
El disímil tratamiento entre Las Condes y Corral ha abierto un nuevo flanco de críticas al ya cuestionado gobierno de José Antonio Kast. Más allá del clasismo que se le adosa a este gobierno tras esta decisión, siempre las autoridades chilenas actúan muy diligentemente ante los problemas de la capital versus provincias, principalmente porque allá están los canales de medios de comunicación que hacen una verdadera cadena nacional ante cualquier evento en alguna comuna de la Región Metropolitana, porque no les cuesta mucho ir a reportear algo que pasa en su propia ciudad, mientras desplegar equipos hacía regiones es una labor más compleja. En otras palabras, el gasto operativo no se compensa en el rating.
Pero saliendo del cuestionamiento político la comparación con Las Condes plantea una interrogante legítima: ¿qué criterios técnicos, administrativos y territoriales determinaron que una emergencia recibiera una declaración durante la misma jornada, mientras que en Corral las solicitudes iniciales no fueron acogidas?
Aunque las características y consecuencias de ambos fenómenos no fueron idénticas, las comunidades tienen derecho a conocer las razones que explican las decisiones del Estado.
La protección de las personas no debería depender del lugar donde viven
Chile es un país signado por los desastres naturales de distinto tipo y las emergencias climáticas afectan tanto a las grandes ciudades como a las comunas pequeñas y aisladas. En territorios como Corral, donde la conectividad terrestre y marítima puede verse interrumpida, la capacidad de respuesta adquiere una importancia especialmente crítica.
No se trata de cuestionar la ayuda entregada a los habitantes de Las Condes, quienes necesitan todo el respaldo del Estado, sino de exigir transparencia sobre los procedimientos aplicados en cada territorio.
¿Existen estándares uniformes para evaluar las emergencias? ¿Qué peso tienen el aislamiento geográfico, los daños habitacionales y la capacidad de respuesta municipal? ¿Cuánto tiempo puede esperar una comunidad afectada?
Son preguntas que el Gobierno debe responder con antecedentes técnicos y administrativos.
Porque Santiago es Chile, pero Corral también lo es.
