El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el alcalde de Río Bueno, Luis Roberto Reyes Álvarez, y otras personas de su entorno, por su presunta participación en delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos, en el marco de una investigación sobre transferencias de dinero relacionadas con contratos municipales.
Según informó T13, la acción judicial, presentada ante el Juzgado de Garantía de Río Bueno, expone una serie de movimientos bancarios que, de acuerdo con la tesis del CDE, podrían corresponder a beneficios económicos recibidos por la autoridad desde empresarios vinculados a obras y servicios adjudicados por el municipio.
196 transferencias bajo investigación
Uno de los antecedentes centrales corresponde al análisis de 196 transferencias bancarias recibidas por el alcalde entre 2017 y 2024, por un total de $134,8 millones. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado circunscribe su acusación de cohecho a aproximadamente $26,2 millones.
La investigación tiene entre sus antecedentes una querella presentada por concejales en diciembre de 2022 y una denuncia del entonces administrador municipal, Helmuth Palma.
Entre los contratos examinados figura la construcción de dependencias para la Primera Compañía de Bomberos de Crucero, obra adjudicada por más de $768 millones a una empresa vinculada al empresario Héctor Meza.
Las cuatro vías de transferencia descritas en la querella
De acuerdo con los antecedentes publicados por T13, el CDE identifica cuatro mecanismos mediante los cuales habrían llegado recursos al jefe comunal.
El primero involucra a la Constructora e Inmobiliaria Meza, desde cuyo entorno se habrían efectuado 20 transferencias por $15.060.000 entre 2017 y 2019. El alcalde habría señalado que correspondían a asesorías privadas, explicación que el organismo cuestiona por la ausencia de documentación que respalde dichos servicios.
Una segunda vía considera $5.700.000 transferidos durante 2022 mediante la cuenta bancaria de Gladys Mancilla Albornoz, pareja del alcalde. Según la querella, los recursos habrían sido enviados por el empresario Héctor Meza y posteriormente transferidos al jefe comunal, utilizando esa cuenta como intermediaria.
El tercer mecanismo se relaciona con $5.500.000 provenientes del entorno de Constructora San Ignacio. El documento judicial sostiene que los pagos habrían sido canalizados mediante un tercero, en un contexto de preocupación por eventuales obstáculos en trámites, inspecciones o pagos municipales.
Finalmente, el CDE menciona una transferencia de $3 millones realizada en enero de 2020 por un representante de Maluenda Producciones Ltda., empresa que se había adjudicado la organización de la Semana Riobuenina 2020 por $85 millones.
Fiscalía deberá profundizar diligencias
La querella también solicita nuevas diligencias destinadas a establecer el origen y destino de los recursos investigados.
Entre ellas se encuentran requerimientos al Servicio de Impuestos Internos para revisar antecedentes tributarios entre 2016 y 2024, consultas a organismos laborales y previsionales, y la revisión de información del Servicio Electoral para determinar si algunos movimientos correspondían efectivamente a aportes de campaña declarados.
Según la información difundida por T13, el alcalde Luis Reyes y otras seis personas tienen prevista una audiencia de formalización para el lunes 19 de octubre, por delitos relacionados con cohecho agravado y lavado de activos.
Cabe precisar que las imputaciones expuestas corresponden a la tesis investigativa del Consejo de Defensa del Estado y deberán ser examinadas en el proceso judicial. La presentación de una querella y la formalización de una investigación no constituyen una declaración de culpabilidad.
