Nuevos antecedentes se conocieron este lunes 19 de octubre durante la formalización del alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez, electo con cupo de la UDI, quien enfrenta una investigación por los delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos, relacionados con presuntas irregularidades en licitaciones, contratos y pagos de obras municipales.
La investigación de la Fiscalía Regional de Los Ríos apunta a operaciones financieras realizadas entre 2017 y 2022, período durante el cual el jefe comunal habría recibido beneficios económicos de empresarios y contratistas a cambio de favorecer sus intereses en distintos procedimientos municipales.
Según informó Radio Bío Bío, durante la audiencia se dieron a conocer antecedentes sobre las penas que podrían enfrentar los imputados, además de las operaciones bancarias que forman parte de la investigación.
Los millonarios movimientos bancarios investigados
Uno de los antecedentes centrales corresponde a los $36.360.000 que, según la Fiscalía, el alcalde habría solicitado y recibido de empresarios y contratistas a cambio de actuaciones contrarias a sus deberes funcionarios.
A ello se suman aproximadamente $90 millones en depósitos en efectivo realizados en su cuenta corriente personal, cuyo origen no ha podido ser identificado por los investigadores.
Entre las operaciones detalladas figuran $27.860.000 provenientes de un empresario constructor cuyas sociedades obtuvieron contratos municipales. Según la tesis del Ministerio Público, estas empresas habrían recibido beneficios mediante irregularidades en licitaciones, agilización de estados de pago y condonaciones improcedentes de multas.
Otro antecedente involucra la organización de la Semana Río Buenina 2020, actividad adjudicada por $85 millones a una productora de eventos. La Fiscalía sostiene que su representante habría entregado $3 millones al alcalde en el contexto de una licitación presuntamente direccionada.
También se investigan pagos por $5.500.000 atribuidos a otro empresario constructor, cuya formalización quedó pendiente debido a la presentación de una licencia médica.
Consejo de Defensa del Estado
Un antecedente adicional es la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que presentó una querella criminal contra el alcalde por presuntos delitos de cohecho agravado y lavado de activos.
Según informó SoyChile el 17 de octubre, la acción judicial también involucra a personas de su entorno y funcionarios municipales.
Entre los antecedentes expuestos en la querella figura un eventual incumplimiento del deber de abstención, obligación que exige a las autoridades apartarse de decisiones administrativas cuando existen intereses personales o económicos que puedan comprometer su imparcialidad.
La participación del CDE constituye un elemento relevante en la causa, considerando su función de defender los intereses patrimoniales del Estado.
Las penas que arriesga el alcalde
La fiscal adjunta de Valdivia, María Consuelo Oliva, explicó que el delito de lavado de activos contempla penas que van desde los 5 años y un día hasta los 10 años de privación de libertad, además de multas que pueden alcanzar las 1.000 UTM.
Respecto del cohecho agravado reiterado, la persecutora indicó que las penas contempladas van desde los 3 años y un día hasta los 10 años de presidio.
Estas sanciones corresponden a los marcos penales informados para los delitos investigados y no constituyen una condena anticipada. Una eventual pena dependerá de los hechos que se acrediten, la participación de cada imputado y las circunstancias legales que determine el tribunal.
Seis formalizados y una diligencia pendiente
Además del alcalde, otras cinco personas fueron formalizadas durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Río Bueno.
El Ministerio Público atribuyó delitos de soborno reiterado y lavado de activos a un empresario constructor; soborno al representante de una productora de eventos; y lavado de activos a la conviviente del alcalde, una secretaria vinculada a las empresas investigadas y un funcionario municipal.
Un séptimo involucrado quedó pendiente de formalización debido a una licencia médica.
La investigación también considera movimientos bancarios efectuados mediante cuentas de terceras personas, operaciones que, según la hipótesis de la Fiscalía, habrían permitido ocultar el origen de parte de los recursos investigados.
Este martes se resolverán las medidas cautelares
La audiencia continuará el martes 20 de octubre, cuando el Juzgado de Garantía de Río Bueno deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para los seis imputados formalizados.
La resolución judicial marcará una nueva etapa en una investigación que involucra a la máxima autoridad comunal y presuntas irregularidades en la administración de recursos y contratos municipales.
Cabe precisar que todos los involucrados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
