Tres imputados quedaron con medidas cautelares durante este martes. Las defensas plantearon la prescripción de los delitos y cuestionaron las solicitudes de la Fiscalía. La audiencia continuará este miércoles 21 de octubre, a las 8:30 horas.
El Juzgado de Garantía de Río Bueno resolverá este miércoles las medidas cautelares pendientes para el alcalde Luis Reyes Álvarez, Héctor Meza Hermosilla y Gladys Mancilla Albornoz, en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción vinculados al municipio.
Durante la mañana de este martes 20 de octubre, el tribunal decretó cautelares para tres de los seis imputados en la causa, mientras que por la tarde se desarrollaron los alegatos de las defensas de quienes aún esperan una resolución.
Las medidas decretadas
Elizabeth Rosas Beroiza quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Por su parte, Rodrigo Maluenda Ramírez deberá cumplir arraigo nacional y firma mensual, mientras que Alejandro Rosas Cárcamo quedó sujeto a arraigo nacional y firma quincenal.
Además, según informó previamente la fiscal adjunta de Valdivia, María Consuelo Oliva, a los tres se les impuso la prohibición de comunicarse entre sí mientras dure la investigación.
Las medidas fueron decretadas luego de que sus defensores se allanaran a las cautelares menos gravosas solicitadas por el Ministerio Público.
Sin perjuicio de aquello, la defensa de Rodrigo Maluenda pidió fijar una audiencia para discutir la eventual prescripción de los hechos que se le imputan. Argumentó que habrían transcurrido más de cinco años entre la fecha de los presuntos delitos y la formalización.
Defensa de Gladys Mancilla cuestionó arresto nocturno
Durante la tarde comenzaron las intervenciones de los abogados de Gladys Mancilla, Héctor Meza y Luis Reyes.
La defensa de Gladys Mancilla sostuvo que la conducta atribuida a su representada podría, a lo más, configurar una actuación culposa, argumento con el que cuestionó la procedencia del arresto domiciliario nocturno solicitado por la Fiscalía.
Asimismo, planteó que su trabajo como médica contempla turnos tanto diurnos como nocturnos, circunstancia que pidió considerar al evaluar la medida.
Héctor Meza: defensa pidió rechazar prisión preventiva
El abogado de Héctor Meza cuestionó la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público y sostuvo que no existirían fundamentos para considerar que la libertad de su representado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
En su exposición, distinguió los periodos en que habrían ocurrido los hechos y las normas que, a su juicio, correspondería aplicar. Sobre esa base, argumentó que los delitos estarían prescritos o que los hechos atribuidos no constituirían delito.
La defensa también acusó que la Fiscalía habría sustentado parte de su presentación en supuestos. Como petición subsidiaria, solicitó que, si el tribunal estima necesaria una medida privativa de libertad, decrete arresto domiciliario total.
Defensa del alcalde alegó prescripción o media prescripción
La defensa de Luis Reyes Álvarez centró su intervención en cuestionamientos jurídicos a la imputación y planteó la existencia de prescripción o, al menos, media prescripción de los hechos investigados.
El abogado pidió al magistrado distinguir los antecedentes con sustento jurídico de aquellos que, según su posición, corresponderían a supuestos expuestos por el Ministerio Público.
La Fiscalía mantiene su solicitud de prisión preventiva para el alcalde, por estimar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y que la medida es indispensable para evitar una eventual obstaculización de la investigación.
Audiencia continuará este miércoles
La audiencia se reanudará este miércoles 21 de octubre, a las 8:30 horas, con los alegatos finales. Posteriormente, el juez de garantía Diego Fuentes Rolack resolverá las medidas cautelares pendientes para Luis Reyes, Héctor Meza y Gladys Mancilla.
Los argumentos sobre prescripción y las objeciones a las solicitudes de la Fiscalía corresponden a planteamientos de las defensas que deberán ser evaluados por el tribunal. La causa continúa en investigación y no existe una sentencia que establezca responsabilidad penal de los imputados.
