El Presidente de la República, José Antonio Kast, reconoció este lunes 26 de octubre la responsabilidad de su Gobierno en la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Sin embargo, descartó solicitar la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien continuará al frente de la cartera.
Según informó Radio Bío Bío, el mandatario abordó públicamente por primera vez esta situación durante una declaración realizada en el Palacio de La Moneda, después de sostener reuniones con integrantes de su gabinete y parlamentarios para analizar posibles modificaciones legales.
La controversia se originó tras conocerse la autorización de rebajas de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores, situación que provocó cuestionamientos al Ministerio de Justicia y abrió un debate sobre las responsabilidades administrativas y políticas involucradas.
“El Estado les falló”: Presidente reconoce responsabilidad
Durante su intervención, Kast manifestó que las decisiones adoptadas representan una situación especialmente dolorosa para las víctimas y sus familias.
“Es muy grave. Es profundamente doloroso y es totalmente inaceptable. No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna”, sostuvo el jefe de Estado.
El mandatario reconoció que corresponde a su administración asumir las consecuencias de lo ocurrido, señalando que su Gobierno se hará cargo de la situación.
“Nos hacemos cargo con todo el costo que ello tenga”, afirmó.
Asimismo, expresó que el Estado falló a las víctimas, comprometiéndose a impulsar medidas que permitan impedir que situaciones similares vuelvan a producirse.
Fernando Rabat continuará como ministro de Justicia
Uno de los anuncios más relevantes fue la decisión presidencial de mantener a Fernando Rabat en el Ministerio de Justicia, pese a los cuestionamientos surgidos por la autorización de las rebajas de condenas.
Kast argumentó que una eventual salida del ministro y su equipo no resolvería necesariamente los problemas legales y administrativos que dieron origen a la controversia.
“El camino difícil es hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado. Ese es el camino que hemos elegido”, manifestó.
En esa línea, confirmó que Rabat continuará ejerciendo sus funciones, pero con el mandato de esclarecer los hechos y encabezar las medidas correctivas.
“He decidido que continúe en sus funciones, con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”, declaró el Presidente.
Gobierno revisará decretos y suspende nuevas tramitaciones
De acuerdo con los antecedentes consignados por Radio Bío Bío, el Ejecutivo anunció la suspensión de la tramitación de nuevas rebajas de condenas para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
Paralelamente, se realizará una revisión individual de los decretos ya emitidos, con el objetivo de determinar las alternativas legales y administrativas disponibles.
El Presidente aseguró que su Gobierno utilizará los mecanismos contemplados en el ordenamiento jurídico para examinar las resoluciones y sus efectos.
Esta revisión deberá considerar las atribuciones de los organismos competentes y los límites que establece la legislación vigente, por lo que el anuncio no significa que las rebajas previamente concedidas queden automáticamente anuladas.
Anuncian proyecto de ley para impedir nuevas rebajas
Otra de las medidas anunciadas por el mandatario corresponde a la presentación de una iniciativa legislativa destinada a impedir que personas condenadas por abuso sexual o violación contra menores accedan a reducciones de sus penas.
Kast indicó que el Gobierno recogerá propuestas parlamentarias que actualmente se encuentran en el Congreso y buscará avanzar con rapidez en su tramitación.
El mandatario solicitó a los legisladores despachar estas iniciativas en el menor tiempo posible, considerando la gravedad de los delitos involucrados y la preocupación generada entre las víctimas.
El debate legislativo deberá abordar también los principios constitucionales relacionados con la aplicación temporal de las leyes penales, uno de los argumentos que el Ministerio de Justicia había utilizado anteriormente para explicar las resoluciones cuestionadas.
Kast descarta responsabilizar a gobiernos anteriores
En su declaración, el Presidente también abordó las responsabilidades políticas relacionadas con la normativa que permitió tramitar estos beneficios.
Aunque reconoció que el problema legal se arrastraba desde administraciones anteriores, aseguró que su Gobierno no buscará trasladar las responsabilidades hacia el pasado.
“Tampoco vamos a buscar culpables en el pasado. Este vacío existía desde hace años y nadie lo cerró”, expresó.
El mandatario afirmó que su administración deberá responder por las decisiones adoptadas y cumplir el compromiso de situar a las víctimas como una prioridad de la política pública.
“Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba y vamos a estar a la altura”, señaló.
Continúan los cuestionamientos al Ministerio de Justicia
La decisión presidencial de mantener a Fernando Rabat en su cargo se produce después de varios días en que el ministro defendió las rebajas de condenas argumentando que respondían a principios constitucionales y a criterios establecidos en resoluciones judiciales.
Con el reconocimiento público de responsabilidad realizado por Kast, el Gobierno anunció una nueva etapa centrada en la revisión de los decretos y la búsqueda de modificaciones legales.
Sin embargo, la continuidad del ministro no pone término a los cuestionamientos políticos, considerando que podrían persistir las acciones de fiscalización parlamentaria e incluso una eventual acusación constitucional.
Por ahora, el Ejecutivo deberá precisar el alcance de las medidas anunciadas, especialmente respecto de los decretos ya dictados y las posibilidades jurídicas de revisar sus efectos.
