Nuevos antecedentes sobre las rebajas de condenas otorgadas durante el Gobierno del presidente José Antonio Kast vuelven a situar al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, en el centro de la controversia.
Esta vez, las revelaciones no se relacionan con condenados por delitos sexuales contra menores de edad, sino con personas sentenciadas por tráfico de drogas, algunas de ellas involucradas en operaciones de gran magnitud en el norte del país.
Según informó Radio Bío Bío, citando una investigación del medio Interferencia, una revisión de 150 decretos de reducción de condenas a ciudadanos extranjeros permitió establecer que 115 correspondían a personas condenadas por delitos relacionados con drogas.
Dentro de ese grupo se identificaron al menos 13 casos de extranjeros detenidos en la frontera norte o en rutas provenientes de esa zona, cuyas penas fueron reducidas mediante decretos del Ministerio de Justicia.
Los beneficiados corresponden a ocho ciudadanos bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina. En cinco de estos casos, las sentencias judiciales acreditaron que los involucrados habían ingresado a Chile por pasos no habilitados.
Narcotraficante vinculado a más de una tonelada de droga recibió rebaja de condena
Uno de los antecedentes más relevantes corresponde a Jhoel Ramos Antesana, ciudadano boliviano vinculado a una operación de tráfico que involucraba más de una tonelada de sustancias ilícitas.
El cargamento estaba compuesto por 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base.
Ramos fue detenido en julio de 2021 en la comuna de Pica, Región de Tarapacá, cuando se desplazaba en un vehículo que cumplía funciones de avanzada para facilitar el traslado de la droga.
Tras recibir una condena de cinco años y un día de presidio, obtuvo una reducción de tres meses mediante un decreto del Ministerio de Justicia fechado el 12 de mayo de 2026.
De acuerdo con la investigación citada por Radio Bío Bío, la resolución estableció como nueva fecha de término de su condena apenas dos días después de la firma del documento.
Condenado con alto riesgo de reincidencia también fue beneficiado
Otro caso que genera interrogantes corresponde al ciudadano colombiano Fredy Orlas Heredia, condenado por tráfico de 52 kilos de pasta base de cocaína.
Según los antecedentes publicados, Gendarmería había establecido que el condenado presentaba un nivel de riesgo de reincidencia alto.
Además, durante 2025, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó por unanimidad su solicitud para acceder a ese beneficio.
Pese a esos antecedentes, el 1 de junio de 2026 el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, actuando como ministro subrogante, firmó un decreto que redujo en seis meses su condena.
El caso pone de relieve las diferencias entre los mecanismos legales de reducción de penas y las evaluaciones utilizadas para resolver solicitudes de libertad condicional.
Tráfico de ketamina y condenados que actualmente están en libertad
La investigación también identificó a José Luis Liscano Bermúdez, ciudadano venezolano detenido en 2021 cuando se trasladaba desde Colchane con 32,7 kilos de ketamina.
En el procedimiento también fue detenido Víctor Mora Araya.
Liscano recibió una condena de cinco años y un día de presidio por tráfico de drogas. Posteriormente, sus solicitudes para acceder a una pena mixta fueron rechazadas durante 2024 y 2025.
Sin embargo, el 10 de abril de 2026, el ministro Fernando Rabat firmó un decreto que modificó la fecha de término de su condena.
El otro involucrado también obtuvo una reducción de pena y, según los antecedentes publicados por Interferencia, ambos se encuentran actualmente en libertad.
Rebaja de siete meses adelantó término de condena
Entre los casos examinados figura igualmente Wilber Tenajas Orellana, ciudadano boliviano detenido en 2022 junto a un grupo que había ingresado al país por un paso fronterizo no habilitado.
Los involucrados transportaban 291,5 kilos de marihuana.
En septiembre de 2026, un decreto firmado por Luis Silva redujo en siete meses la condena de Tenajas, adelantando el término de su sentencia desde abril de 2027 a septiembre del mismo año.
Este antecedente se suma a las resoluciones administrativas que están siendo examinadas públicamente por sus efectos sobre las fechas de cumplimiento de condenas por delitos graves.
¿Por qué se otorgaron las reducciones de penas?
Uno de los aspectos centrales de la investigación es el fundamento jurídico utilizado por el Ministerio de Justicia para conceder los beneficios.
De acuerdo con Interferencia, los decretos examinados recurren a un argumento sustentado en fallos judiciales, según el cual el Ministerio de Justicia “no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido”.
Este criterio introduce un elemento relevante en la discusión, ya que las decisiones administrativas deben analizarse considerando las exigencias de la legislación aplicable y los pronunciamientos judiciales que regulan estos beneficios.
Por ello, la existencia de una reducción de condena no permite concluir, por sí sola, que se haya cometido una irregularidad. La controversia también involucra el alcance de las facultades del Ministerio de Justicia y los criterios legales utilizados para resolver estas solicitudes.
Nuevos antecedentes amplían controversia por delitos sexuales
Las revelaciones sobre condenados por narcotráfico se suman a la controversia que comenzó tras conocerse las rebajas de penas otorgadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Radio Bío Bío informó anteriormente que había identificado a 33 beneficiados de ese grupo, quienes se encontraban en libertad y cuyas víctimas no habían sido notificadas, según los antecedentes de su investigación.
Los nuevos casos amplían el debate sobre la aplicación de los mecanismos de reducción de condenas y las responsabilidades institucionales asociadas a estas decisiones.
Mientras continúa la discusión política sobre la gestión del ministro Fernando Rabat, los antecedentes publicados abren nuevas interrogantes respecto de la cantidad de beneficiados, los delitos involucrados y los efectos concretos de las resoluciones firmadas durante la actual administración.
