La tramitación del Presupuesto 2027 enfrenta un complejo escenario legislativo luego de que la Comisión Especial Mixta rechazara los recursos destinados al Ministerio de Educación y dejara pendientes importantes programas relacionados con la prevención de desastres, la cultura y otros servicios públicos.
La discusión evidenció diferencias entre el Gobierno y parlamentarios de oposición y oficialismo, especialmente respecto de los efectos que podrían tener las reducciones presupuestarias sobre estudiantes, comunidades educativas y servicios que atienden necesidades esenciales de la población.
Según informó Radio Bío Bío, basándose también en antecedentes oficiales del Senado, las principales controversias se concentraron en la eliminación de beneficios escolares, el financiamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y los recortes a organismos encargados de enfrentar emergencias.
Aunque las partidas de Obras Públicas y Medio Ambiente lograron avanzar, el Ejecutivo deberá buscar nuevos acuerdos para resolver los rechazos antes de que concluya la tramitación legislativa.
Educación: rechazo a una partida de $17,3 billones
El principal revés para el Gobierno se produjo durante la discusión del presupuesto del Ministerio de Educación, que contempla aproximadamente $17,3 billones para 2027, con una variación mínima respecto del año anterior.
La partida fue rechazada en una votación donde una indicación para eliminarla obtuvo dos votos a favor, 11 en contra y 11 abstenciones. Estas últimas resultaron determinantes para que los recursos no alcanzaran el respaldo necesario.
Entre los principales cuestionamientos apareció la eliminación del programa de entrega de computadores a estudiantes, conocido como «Yo elijo mi PC», iniciativa que ha permitido facilitar el acceso a herramientas tecnológicas para escolares.
También generaron preocupación las disminuciones presupuestarias destinadas a liceos bicentenarios, medición de aprendizajes, educación parvularia y universidades.
El senador de la UDI Gustavo Sanhueza cuestionó la eliminación del beneficio tecnológico, señalando que la entrega de computadores no constituye un lujo para las familias.
Por su parte, la senadora de Renovación Nacional María José Gatica solicitó recuperar el programa, especialmente para estudiantes de sectores vulnerables.
«Mejoremos el programa porque cada equipo que entregamos es un niño que no se rinde», afirmó.
Preocupación por financiamiento de los SLEP y universidades
Otro punto de controversia fue el financiamiento de los Servicios Locales de Educación Pública, responsables de administrar establecimientos educacionales que han sido traspasados desde los municipios.
La senadora demócratacristiana Yasna Provoste manifestó su preocupación por la disponibilidad de recursos para garantizar el funcionamiento de estos servicios, además de cuestionar las disminuciones destinadas a universidades e investigación.
«Tenemos propuestas, pero queremos saber la intención del Ejecutivo de recogerlas», sostuvo.
El rechazo de la partida obliga al Gobierno a continuar las negociaciones durante las siguientes etapas de la discusión presupuestaria.
Senapred queda sin aprobación de sus recursos
La situación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) también generó un intenso debate.
Aunque la Comisión Mixta aprobó la partida general del Ministerio del Interior por 13 votos a favor y ocho en contra, rechazó el capítulo presupuestario correspondiente a Senapred.
La senadora del Partido Comunista Claudia Pascual cuestionó una reducción de aproximadamente $900 millones para el organismo encargado de coordinar la prevención y respuesta frente a emergencias.
«Es difícil tener un servicio así cuando sus propias oficinas no están habilitadas. Pedimos que se reponga totalmente esta partida suplementando sus recursos», señaló.
La discusión adquiere especial relevancia para regiones expuestas a amenazas naturales, como Los Ríos, donde la coordinación de emergencias resulta fundamental ante temporales, inundaciones, incendios forestales y otros fenómenos.
El rechazo no significa que Senapred haya dejado de funcionar, sino que sus recursos propuestos para 2027 deberán continuar siendo discutidos en el Congreso.
En contraste, sí fueron aprobados los fondos destinados al Servicio Nacional de Migraciones, Senda y programas vinculados al mejoramiento urbano, asuntos indígenas y tenencia responsable de mascotas.
Cultura: fuertes cuestionamientos por recortes a bibliotecas
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio logró la aprobación de su partida general por 14 votos a favor y nueve en contra.
Sin embargo, los recursos de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural fueron rechazados, debido principalmente a cuestionamientos sobre las disminuciones presupuestarias que afectarían a bibliotecas e infraestructura cultural.
La senadora del Frente Amplio Beatriz Sánchez advirtió que la propuesta contempla cerca de $100 mil millones menos respecto del presupuesto vigente y cuestionó la falta de antecedentes suficientes para justificar las reducciones.
Por su parte, Yasna Provoste alertó que el programa de mejoramiento integral de bibliotecas podría perder más del 60% de sus recursos, mientras que la infraestructura cultural regional enfrentaría una disminución del 40%.
Estas cifras generaron preocupación por las eventuales consecuencias para el desarrollo de iniciativas culturales fuera de Santiago.
Pese a las observaciones, la comisión aprobó los fondos destinados al Pase Cultural, actividades de fomento y desarrollo cultural y apoyo a organizaciones culturales colaboradoras.
Obras Públicas avanza con foco en proyectos regionales
A diferencia de Educación, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas consiguió avanzar durante la discusión.
Los parlamentarios destacaron la importancia de mantener la inversión pública, especialmente por su impacto en la actividad económica, la conectividad y la generación de empleo.
Entre los recursos aprobados se encuentran los destinados a Vialidad, Agua Potable Rural, Obras Hidráulicas y Obras Portuarias.
También se respaldó un aumento de 20 cargos para los Servicios Sanitarios Rurales, considerando las necesidades de funcionamiento y gestión de estos sistemas.
Durante el debate se insistió en la importancia de acelerar proyectos en regiones, particularmente aquellos relacionados con conectividad y abastecimiento de agua.
Medio Ambiente obtiene respaldo, pero advierten riesgos para fiscalización
La partida del Ministerio del Medio Ambiente fue aprobada por 13 votos a favor y nueve en contra.
Sin embargo, la discusión dejó cuestionamientos respecto de los recursos asignados a la Superintendencia del Medio Ambiente.
El senador del Frente Amplio Diego Ibáñez advirtió que las reducciones podrían afectar la capacidad fiscalizadora del organismo, especialmente en un escenario donde se busca agilizar la tramitación de permisos ambientales.
La preocupación se concentra en la necesidad de mantener capacidades de supervisión y cumplimiento normativo mientras se impulsan medidas para acelerar proyectos de inversión.
Salud, agricultura y otros servicios también mantienen recursos pendientes
Los rechazos presupuestarios no se limitaron a Educación, Interior y Cultura.
Entre las materias pendientes figura el presupuesto del Ministerio de Ciencia, cuyos recursos habían sido rechazados previamente en subcomisión y no fueron repuestos por el Ejecutivo durante su revisión en la Comisión Mixta.
También se mantienen observaciones sobre los fondos del Servicio Nacional de Aduanas, debido a una reducción propuesta del 15,1%.
En Atención Primaria de Salud, las diferencias se concentraron en los recursos que reciben los consultorios por cada paciente inscrito y en el financiamiento de programas de reforzamiento.
A ello se suman partidas y programas relacionados con Sence, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), determinadas iniciativas habitacionales y organismos de Defensa, entre ellos Directemar y la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Gobierno deberá negociar antes del plazo del 30 de noviembre
Con varias partidas rechazadas y programas pendientes de financiamiento, el Ejecutivo enfrenta una nueva etapa de negociaciones para conseguir los acuerdos necesarios que permitan avanzar en la Ley de Presupuestos 2027.
El proyecto deberá continuar su tramitación en la Sala de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado.
El plazo constitucional para su despacho desde el Congreso vence el próximo 30 de noviembre.
Por ahora, el debate presupuestario mantiene abiertas decisiones relevantes para el funcionamiento de servicios públicos, la continuidad de beneficios sociales y el financiamiento de programas que tienen impacto directo en las regiones del país.
