La controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad sumó este jueves 12 de noviembre un nuevo capítulo político, luego de que diputados de oposición presentaran una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La acción parlamentaria busca establecer eventuales responsabilidades constitucionales del secretario de Estado en la tramitación de 56 decretos relacionados con reducciones de penas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Según informó T13, la oposición cuestiona que se hayan autorizado estas rebajas sin que, de acuerdo con los antecedentes que sustentan su acusación, existiera una orden de la Corte Suprema para la firma de los decretos correspondientes.
La presentación del libelo abre un nuevo escenario de confrontación entre el Gobierno del presidente José Antonio Kast y los parlamentarios opositores, en una controversia que ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados para modificar el cumplimiento de condenas por delitos de especial gravedad.
Acusación fue anunciada en octubre, pero oposición esperó antecedentes
La decisión de presentar una acusación constitucional contra Rabat había sido anunciada a fines de octubre, después de que se conocieran los antecedentes sobre las rebajas de penas.
Sin embargo, los parlamentarios resolvieron postergar su ingreso hasta recibir la documentación oficial del Ministerio de Justicia.
El objetivo era contar con los decretos y otros antecedentes administrativos que permitieran fundamentar la acción fiscalizadora.
De acuerdo con la información publicada por T13, la demora en la entrega de estos documentos fue uno de los principales motivos que explicaron el tiempo transcurrido entre el anuncio y la presentación formal del libelo.
La oposición buscaba examinar las resoluciones antes de avanzar con una acusación que podría tener consecuencias políticas e institucionales para el titular de Justicia.
Presidente Kast emplazó a la oposición a presentar la acusación
La demora en la presentación también provocó cuestionamientos desde el Ejecutivo.
El propio presidente José Antonio Kast emplazó públicamente a los diputados opositores a concretar la acusación constitucional.
El pasado 3 de noviembre, el mandatario declaró:
«Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho, ¿por qué? Que la presenten y que se vote si lo estiman conveniente, pero creemos que antes deberíamos avanzar en las modificaciones de las leyes».
Con estas declaraciones, el jefe de Estado defendió la gestión del ministro Rabat y cuestionó la prolongación del debate político sin que se formalizara la acción parlamentaria.
Gobierno acusó un uso político de la controversia
Las críticas del Ejecutivo continuaron al día siguiente.
El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, cuestionó los argumentos de la oposición y sostuvo que la controversia estaba siendo utilizada con fines políticos.
«Cada día que pasa sin presentarse esa acusación constitucional, es un argumento más para creer que la oposición con esto solo busca montar una teleserie política para sacar provechos que van más allá de las víctimas», afirmó.
Las declaraciones reflejaron la tensión entre el Gobierno y la oposición respecto de las responsabilidades del ministro y el tiempo que demoró la presentación del libelo.
Mientras el Ejecutivo cuestionaba la tardanza, los parlamentarios opositores insistían en la necesidad de disponer de los antecedentes oficiales antes de iniciar el procedimiento constitucional.
Ministerio de Justicia entregó decretos de rebajas de condenas
Uno de los hechos que permitió avanzar con la acusación fue la entrega de los decretos solicitados al Ministerio de Justicia.
Según consignó T13, el miércoles se remitió a la Comisión de Constitución del Senado documentación correspondiente al período comprendido entre 2022 y 2026.
Los antecedentes fueron organizados en carpetas por año e incluían las resoluciones relacionadas con las rebajas de condenas.
Sin embargo, debido al carácter reservado de la documentación, los archivos no podían ser reproducidos ni retirados de la instancia parlamentaria.
Esta situación mantuvo abierta la discusión sobre el acceso a los antecedentes necesarios para fundamentar la acusación.
Durante la jornada de este jueves también se realizaron gestiones políticas para facilitar la entrega de los documentos.
De acuerdo con T13, parlamentarios de oposición propusieron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, permitir que el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, ingresara a la Sala mientras el secretario de Estado realizaba gestiones en La Moneda relacionadas con el paro de camioneros.
La propuesta estaba vinculada a la obtención de los decretos pendientes, cuya entrega finalmente se concretó antes del mediodía.
¿Qué implica la acusación constitucional contra Rabat?
La acusación constitucional es un mecanismo establecido en la Constitución chilena que permite a la Cámara de Diputadas y Diputados fiscalizar y perseguir determinadas responsabilidades constitucionales de altas autoridades del Estado.
En el caso de los ministros, su presentación no implica automáticamente una sanción ni determina que hayan cometido una infracción.
Para avanzar, el libelo debe cumplir las etapas de revisión y votación correspondientes en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Si la acusación es aprobada por la Cámara, corresponde al Senado pronunciarse sobre ella conforme a las reglas constitucionales.
Por lo tanto, la presentación realizada este jueves constituye el inicio formal del procedimiento y no una declaración de culpabilidad del ministro.
Controversia por rebajas de penas abre debate institucional
La ofensiva parlamentaria vuelve a situar en el centro del debate público los procedimientos administrativos y judiciales vinculados con la reducción de condenas por delitos sexuales contra menores de edad.
Uno de los aspectos que deberá examinarse es la actuación del Ministerio de Justicia en la tramitación de los decretos cuestionados, así como la existencia y alcance de los antecedentes judiciales que los sustentaron.
Es importante distinguir entre las rebajas de penas efectivamente concedidas y la eventual responsabilidad constitucional del ministro, que deberá ser evaluada durante la tramitación del libelo.
Por ahora, la oposición ha formalizado la acusación constitucional contra Fernando Rabat, pero no existe una resolución parlamentaria que establezca su responsabilidad.
El caso continuará su desarrollo en el Congreso, en medio de las diferencias entre el Gobierno y la oposición sobre la legalidad de los procedimientos y las responsabilidades políticas asociadas a las rebajas de condenas.
