La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de una fiscalización que detectó a 315 funcionarios y servidores públicos asociados a condenas penales, quienes figuran desempeñando funciones en distintos organismos de la administración del Estado.
Según informó Radio Bío Bío, los antecedentes fueron publicados en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, documento elaborado a partir del cruce de registros oficiales que permitió identificar posibles incumplimientos de las normas que regulan el ingreso y permanencia en la función pública.
El informe advierte que la Ley N.º 18.575 establece restricciones para el desempeño de cargos en la administración estatal por parte de personas condenadas por crímenes o simples delitos, por lo que los antecedentes detectados deberán ser examinados por las instituciones correspondientes.
Carabineros, Ejército y Municipalidad de Valdivia entre los organismos con más casos
De acuerdo con los resultados del informe, 166 funcionarios pertenecen a organismos del gobierno central, mientras que otros 149 se desempeñan en instituciones del ámbito local.
Entre los servicios públicos con mayor número de personas identificadas se encuentran:
Carabineros de Chile: 84 funcionarios.
Ejército de Chile: 22 funcionarios.
Armada de Chile: 8 funcionarios.
Municipalidad de Valdivia: 6 funcionarios.
Fuerza Aérea de Chile: 5 funcionarios.
Municipalidad de Hualpén: 4 funcionarios.
Municipalidad de Tierra Amarilla: 4 funcionarios.
Municipalidad de Chillán: 4 funcionarios.
Municipalidad de Puerto Montt: 4 funcionarios.
Municipalidad de Tocopilla: 3 funcionarios.
En el caso de la Región de Los Ríos, destaca la situación de la Municipalidad de Valdivia, donde el organismo contralor identificó seis funcionarios asociados a registros de condenas.
Los antecedentes deberán ser revisados para establecer la situación administrativa de cada persona y determinar si corresponde aplicar las medidas previstas por la legislación vigente.
Detectan 317 registros de condenas
Para elaborar el informe, la Contraloría cruzó información de tres fuentes oficiales: el Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Electoral (Servel) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).
El análisis permitió identificar a 315 personas vinculadas a un total de 317 registros de condenas, debido a que dos funcionarios presentan más de una sentencia.
Respecto de la clasificación de los delitos, el documento establece que 73 registros corresponden a crímenes y 244 a simples delitos.
Otro antecedente relevante es que 41 condenas están relacionadas con delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, contemplados en el Título V del Libro II del Código Penal.
Esta cifra representa aproximadamente el 13% del total de registros detectados.
Contraloría ordena iniciar investigaciones administrativas
Frente a los resultados, el organismo fiscalizador instruyó a las instituciones involucradas iniciar procedimientos destinados a esclarecer eventuales responsabilidades administrativas.
Una de las materias que deberán investigarse es la posible omisión de informar oportunamente las condenas a las respectivas jefaturas de servicio.
Asimismo, se ordenó iniciar los procedimientos correspondientes para determinar la eventual aplicación de la denominada inhabilidad sobreviniente, figura que se configura cuando una circunstancia posterior al ingreso de una persona a la administración pública le impide continuar desempeñando sus funciones.
La aplicación de esta medida deberá evaluarse conforme a los antecedentes y las disposiciones legales pertinentes en cada caso.
También deberán revisar criterios de probidad funcionaria
La Contraloría solicitó además que los organismos informen si las condenas detectadas fueron consideradas oportunamente en los procesos de calificación de los funcionarios.
Esta revisión deberá contemplar los criterios relacionados con el comportamiento social y la probidad funcionaria, elementos que forman parte de la evaluación del desempeño en el sector público.
El objetivo es establecer si las instituciones cumplieron con sus obligaciones de control y si adoptaron las medidas administrativas correspondientes una vez conocidos los antecedentes penales.
Informe abre revisión sobre permanencia de funcionarios condenados
Los resultados del CIC N.º 29 ponen bajo revisión los mecanismos utilizados por las instituciones públicas para verificar los antecedentes y las condiciones legales de permanencia de sus funcionarios.
La identificación de 315 personas asociadas a condenas penales no implica, por sí sola, que todas las situaciones administrativas hayan sido resueltas o que exista una misma responsabilidad en cada caso.
Será necesario determinar las circunstancias particulares, la naturaleza de las condenas y la aplicación de las normas que regulan las inhabilidades para ejercer funciones públicas.
En la Región de Los Ríos, los seis casos identificados en la Municipalidad de Valdivia forman parte de los antecedentes que deberán ser examinados conforme a las instrucciones impartidas por el organismo contralor.




