Una controversia política que surgió durante la tramitación del Presupuesto 2027 terminó dando paso a una investigación penal. La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio para esclarecer una eventual falsificación de firma en el Senado, relacionada con el retiro de permisos constitucionales de dos parlamentarios que se encuentran acompañando al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.
Según informó Radio Bío Bío, los hechos involucran a los senadores Ximena Órdenes (PPD) y Fidel Espinoza (PS), quienes aseguraron que sus permisos fueron retirados sin su consentimiento.
En el centro de la controversia aparece el senador socialista Juan Luis Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático, quien gestionó el retiro de ambas autorizaciones.
Aunque los permisos fueron posteriormente restituidos, la denuncia sobre el eventual uso indebido de la firma de Órdenes abrió interrogantes respecto de cómo se elaboraron y presentaron los documentos ante la Cámara Alta.
Senadora desconoce documento y denuncia uso de su firma
Uno de los antecedentes más relevantes corresponde a la carta que Ximena Órdenes envió al secretario del Senado, en la que negó haber solicitado el retiro de su permiso constitucional.
El documento, al que tuvo acceso Radio Bío Bío y que fue leído en la Sala por el senador Pedro Araya (PPD), contiene una declaración expresa de la parlamentaria.
«No he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito», afirmó.
La declaración generó preocupación al interior del Congreso, considerando que la autorización del parlamentario es un requisito indispensable para efectuar este tipo de trámites.
De acuerdo con los antecedentes difundidos por Radio Bío Bío, existen dos versiones sobre la forma en que se habría incorporado la firma de la senadora al documento.
Una apunta a que se habría utilizado su firma electrónica sin autorización. La segunda sostiene que la rúbrica habría sido copiada desde otro documento y posteriormente incorporada al escrito presentado ante el Senado.
Ambas hipótesis deberán ser esclarecidas mediante las diligencias correspondientes, ya que hasta ahora no existe una resolución judicial que establezca cómo se produjo el hecho.
Una maniobra que podría haber incidido en la votación del Presupuesto
La controversia se originó en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027, particularmente respecto de la autorización de endeudamiento solicitada por el Gobierno.
Los permisos constitucionales tienen importancia en determinadas votaciones legislativas, debido a que pueden modificar el cálculo del quórum necesario para aprobar ciertas materias.
Según antecedentes recabados por Radio Bío Bío, fuentes parlamentarias sostienen que el retiro de los permisos habría buscado aumentar la cantidad de votos necesarios para aprobar la autorización de endeudamiento.
De acuerdo con esas versiones, la eventual maniobra podría haber tenido como propósito dificultar la aprobación de la iniciativa y aumentar la presión sobre el Ejecutivo durante las negociaciones presupuestarias.
Sin embargo, estas sospechas corresponden a interpretaciones recogidas al interior del Congreso y no constituyen conclusiones de la investigación penal.
Juan Luis Castro atribuye episodio a dificultades de comunicación
El senador Juan Luis Castro, quien realizó las gestiones para retirar los permisos, sostuvo que habría intentado comunicarse con Ximena Órdenes, pero que existieron dificultades para establecer contacto.
Desde el entorno de la parlamentaria cuestionaron esa explicación y señalaron que únicamente habría recibido un mensaje después de que la controversia se hiciera pública.
En declaraciones a La Segunda, Castro describió lo ocurrido como «hechos circunstanciales en el marco del debate político».
Posteriormente, consultado por Radio Bío Bío, el parlamentario declinó entregar nuevas declaraciones.
Por su parte, Fidel Espinoza confirmó a La Tercera que el retiro de las autorizaciones se realizó sin consentimiento de los parlamentarios involucrados.
«Fue un impase, lamentable, absolutamente, que podía haberse evitado. Pero ya ha sido restituido nuestro derecho a tener nuestro permiso constitucional», manifestó.
El senador socialista recalcó que los permisos constituyen un derecho de los parlamentarios y que solamente sus titulares pueden dejarlos sin efecto.
Carter pidió intervención de Fiscalía y presidenta del Senado reconoció irregularidad en el procedimiento
Uno de los parlamentarios que solicitó investigar los hechos fue el senador republicano Rodolfo Carter, quien planteó que la eventual utilización de una firma sin autorización podría constituir un delito.
«Yo le pido al señor secretario que certifique este hecho y transfiera los antecedentes al Ministerio Público para que acredite quién eventualmente ha cometido este delito», sostuvo.
Carter también afirmó que, a su juicio, existirían antecedentes de una posible falsificación de la firma de una senadora de la República.
En tanto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), reconoció que el consentimiento del parlamentario es indispensable para retirar un permiso constitucional.
«El problema no está en si es firma electrónica o no es firma electrónica. El problema está en que cuando uno ocupa una firma electrónica, esa persona tiene que dar la autorización», explicó.
La autoridad parlamentaria había confirmado que los hechos quedaron certificados y que la mesa del Senado evaluaba remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Fiscalía de Valparaíso abre investigación de oficio
La controversia adquirió una nueva dimensión luego de que la Fiscalía Regional de Valparaíso iniciara una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias en que se habría utilizado la firma de Ximena Órdenes.
Las diligencias deberán establecer cómo se confeccionó el documento, quiénes participaron en su elaboración y presentación, y si existió alguna conducta constitutiva de delito.
Entre las eventuales figuras penales mencionadas durante la controversia se encuentran la falsificación de instrumento público y la suplantación de identidad. No obstante, corresponderá al Ministerio Público determinar si los hechos investigados se ajustan a alguna figura penal.
La apertura de la investigación no implica que se haya acreditado la existencia de un delito ni establece responsabilidades individuales.
Asimismo, el hecho de que Juan Luis Castro haya gestionado el retiro de los permisos no permite, por sí solo, atribuirle responsabilidad en una eventual falsificación.
Investigación deberá esclarecer responsabilidades
Aunque los permisos constitucionales de Ximena Órdenes y Fidel Espinoza fueron restituidos, el caso continúa abierto en el ámbito judicial.
La investigación deberá determinar si existió una utilización no autorizada de la firma de la parlamentaria, cómo se produjo y quiénes tuvieron participación en los hechos.
El episodio también mantiene abierta una discusión institucional sobre los mecanismos de autorización y verificación de documentos utilizados en la tramitación parlamentaria.
Por ahora, el hecho confirmado es la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso, mientras que las denuncias sobre una eventual falsificación y las posibles responsabilidades penales deberán ser esclarecidas por la justicia.




