Tras conocerse el Informe del Asesor Jurídico del Consejo Regional sobre la contratación realizada por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, para el mejoramiento de las oficinas utilizadas por el servicio en el Edificio Seminario de Valdivia, el pleno del Core acordó sumarse a la solicitud de que sea Contraloría quien investigue si hay irregularidad en la situación.
El caso se origina tras la denuncia efectuada por los Consejeros Christian Castro (DC) y Marcela Cartagena (UDI), quienes solicitaron a Contraloría realizar una investigación para determinar si hay irregularidad en la contratación de una empresa de propiedad de un funcionario del Gobierno Regional de Los Ríos, a la cual se le pagó una cifra superior a 4 millones 500 mil pesos, por la remodelación de las dependencias donde funcionaba la Corporación.
Al respecto, el Consejero José Soto (RN) señaló que el acuerdo del Consejo de sumarse a la solicitud de investigación “lo que hace es allanar el camino para que los consejeros seamos parte de este proceso y esperemos que se tenga la respuesta en los tiempos que la Contraloría estime conveniente, y que en definitiva aunemos criterios y estemos detrás de un mismo objetivo. Este pronunciamiento nos va a orientar frente a los pasos que debemos seguir si es que hay situaciones que deben ser investigadas o sancionadas, en su momento”.
Por su parte, el Consejero Cristhian Castro (DC) quien fue uno de los que interpuso la denuncia en Contraloría, dijo que “si hay falta a la probidad que es lo que dice nuestro asesor jurídico, hay que demostrarlo y lo que estamos solicitando es que alguien dedique tiempo para estudiar esta situación, para ver si efectivamente se cometieron irregularidades , si hay falta a la probidad, si se malgastaron los recursos, si hay que sumariar al funcionario o determinar ciertas faltas administrativas”.
El consejero DC agregó que “con este acuerdo y esta investigación, lo que se va a permitir es que el día de mañana, la comunidad tenga información concreta, transparente y clara, de que efectivamente nosotros no entregamos recursos para que sean malgastados y otros abusen de ellos, sino más bien, entregamos recursos para que vayan al bien de la comunidad por lo que vamos a seguir protegiendo que esa inversión se haga como corresponde”.
El informe del Asesor Jurídico del Consejo Regional fue presentado este miércoles durante la sesión plenaria del Core y en él se señala que la contratación implica falta de probidad por parte del funcionario público, razón que llevó al pleno del Consejo a sumarse a la solicitud de investigación.
