11 septiembre, 2014.
Los radicales a la comunidad de Los Ríos
DECLARACION DE LA COMISION DE EDUCACION
Durante años de hegemónica marea neoliberal, impuesta por la fuerza al país y al conjunto de sus diversas actividades, la Educación perdió su condición de derecho fundamental de los chilenos, de vehículo de movilidad social, de herramienta integradora de la población, de principal impulsora de una más justa distribución de la riqueza nacional, así como otros muchos valores éticos que son de su esencia y sin los cuales su trascendencia y sentido se difuminan.
Todo lo anterior devino en conceptualizar a la Educación como un simple bien de consumo, susceptible de ser transado en el mercado como cualquier otra mercancía. Este incalificable y devastador error, atribuible principal, cuando no exclusivamente a la dictadura militar, se manifestó a partir de la Reforma Educacional de 1981 y ha significado para el país en su integridad un daño de incuantificables proporciones y cuyas consecuencias se advierten ominosas si se continúa difiriendo su costosa y difícil reparación.
El radicalismo rechazó desde la clandestinidad y lo ha continuado haciendo invariablemente hasta la fecha, esa visión libremercadista, abusiva e injusta de la Educación. Por lo mismo, no claudicará jamás en sus principios a este respecto, los mismos que le permitieron hacer de Chile “el faro de América” en materia educacional gracias al esfuerzo desplegado por sus cuatro administraciones bajo el lema expreso o tácito, acuñado por Valentín Letelier y nacionalmente difundido por el Presidente Aguirre Cerda, de que “Gobernar es educar”.
Hoy, felizmente, se abre la posibilidad de iniciar esa ardua tarea rectificadora, al alero de la voluntad de cambios que, inspirados en el interés general, en la solidaridad y en la construcción de un mejor futuro para Chile y su pueblo, ha sido reiteradamente expresada tanto por los estamentos vinculados directamente con la Educación, como también por la inmensa mayoría del colectivo social.
Esta posibilidad debe ser aprovechada, en especial por el PRSD, el que a lo largo de siglo y medio de historia ha concebido la Educación, siempre en un primer plano de sus preocupaciones, como un “derecho social” básico e inalienable, el que así entendido debe ser considerado parte de los denominados “derechos económicos, sociales y culturales”, que han sido reconocidos y ratificados por Chile en diversos instrumentos y contenciones del sistema mundial e interamericano de derechos humanos.
En tal predicamento, los radicales reiteramos nuestro irrestricto apoyo a la tarea de restituir a todos los miembros de la nación, con la urgencia y celeridad requeridas, el derecho a la Educación y apoyamos sin reservas la idea de impulsar una profunda Reforma Educacional, cuyo objetivo final sea mejorar la calidad de nuestra Educación, cada vez más precaria, y promover su gratuidad con el fin de asegurar que nadie sea marginado de este derecho por carecer de los recursos económicos que hoy son indebida e ilegítimamente exigidos para obtenerlo.
Dicha empresa no solamente es justa, necesaria y urgente, sino también plenamente factible, puesto que al contrario de lo que podía argumentarse conceptual y económicamente en el pasado para soslayar su impostergable materialización, en la actualidad ella forma parte de una demanda ciudadana que no es posible continuar desoyendo, representa carencias incontrovertibles que ensombrecen el futuro del país y su costo puede ser absorbido por el erario, gracias a la posibilidad de implementar una reforma tributaria. En ese contexto, es posible afirmar con plena certeza, que en esta etapa de nuestro desarrollo, que nos acerca a diversos países del primer mundo y a los avances tecnológicos cada día más vertiginosos, nada impide acometer el desafío de extender la cobertura del derecho a la educación a todos sus niveles, incluido el superior, un hecho que es reforzado por la circunstancia de que el país cuenta con valiosos recursos naturales, como asimismo con un cuantioso capital en dólares traducido en fondos soberanos y, particularmente, en los correspondientes al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).
En cuanto a sus principios orientadores, este derecho social debe caracterizarse por la provisión de una Educación alineada con los valores de una Constitución Política genuinamente democrática, que garantice el derecho a estudiar a todos los integrantes de la nación. Luego, es pertinente afirmar que el país aspira a una Educación de calidad, inclusiva, gratuita, laica, formadora de ciudadanos con vocación democrática y fundamentalmente provista por el Estado.
A la luz de lo expuesto, el PRSD afirma que es indispensable que la Educación en nuestro país cuente con los atributos antes enunciados, lo cual implica que:
Debe ser de Calidad, entendida en el marco de desarrollo de las competencias requeridas por la modernidad. Esto significa que la evaluación de dicho atributo en lo relativo a su mejoría o decrecimiento no debe quedar sujeta fundamentalmente a pruebas estandarizadas internacionales, sino a instrumentos aptos para medir el desarrollo de las capacidades de pensamiento crítico, reflexivo e innovador de parte del estudiante, así como la de trabajo en equipo.
Debe ser Inclusiva, porque a través de ella los miembros de la sociedad deben integrarse en escuelas y colegios desde sus etapas más tempranas, para de ese modo aprender a asumir su condición de individuos iguales en derechos y obligaciones, independiente de diferencias sociales, étnicas, ideológicas, filosóficas o religiosas, entre otras, como asimismo de limitaciones físicas o intelectuales.
Debe ser Gratuita, a fin de garantizar el acceso a ella de todas y todos, especialmente en las etapas que la sociedad ha definido como de educación obligatoria. En este sentido, no debe ser impartida con afanes de lucro ni constituir un bien de consumo transable a cambio de una determinada rentabilidad económica. Asimismo, la gratuidad debe comprender todos aquellos apoyos que hagan factible la dedicación de cada joven a sus estudios.
Debe ser Laica, porque desde la Constitución Política de 1925 la sociedad chilena se define como tal. Ello implica que la Educación financiada por el Estado debe reflejar el pluralismo social y político del país, ser un instrumento que garantice el desarrollo libre de los individuos, su libertad de conciencia y su derecho a formarse en un medio en el que predomine el racionalismo por sobre el dogma y estén ausentes de las mallas curriculares los intereses de carácter proselitista y también los de orden religioso, político o de cualquier otra naturaleza semejante.
Debe ser Formadora de Ciudadanos con Vocación Democrática, para lo cual es necesario que incorpore contenidos y metodologías que formen hábitos, generen conductas y permitan vivencias que contribuyan a que los futuros ciudadanos dispongan de herramientas idóneas para distinguir las formas, instancias y requerimientos a través de los cuales se toman decisiones en democracia.
Debe estar fundamentalmente Provista por el Estado, porque aunque se reconoce el aporte histórico de otros actores en el plano educacional, como igualmente su participación futura en ese campo, sólo una Educación mayoritariamente financiada e impartida por el Estado garantiza que las grandes definiciones que la sociedad ha aprobado en esta materia cristalicen en realidades concretas e indispensables para la existencia y desarrollo de una auténtica sociedad democrática.
Los requerimientos de este tipo de Educación, así como la urgencia de su materialización, plantean la necesidad de otorgarle al tema el carácter de política de Estado, lo que se traduce en asumir las definiciones necesarias para su financiamiento y el claro establecimiento de los objetivos y metas imprescindibles para lograrlo.
Para este efecto es fundamental una reforma tributaria como la que el país espera ver convertida pronto en ley de la República, que posibilite la recaudación de los recursos que demanda la monumental empresa rectificadora que nuestro sistema educacional reclama y que, además, corrija la grave regresión que exhibe el país en la distribución del ingreso.
La relevancia de este profundo cambio en la política impositiva chilena, demanda su viabilidad técnica y, por consiguiente, un detenido y exhaustivo análisis de sus contenidos y proyecciones. Todo esto, sin abandonar la convicción de que para impulsar y tornar en realidades las reformas a nuestra Educación y a nuestro régimen tributario, se cuenta con el apoyo político que otorgó la ciudadanía a la Presidenta Michelle Bachelet en las urnas, lo que, por otra parte, implica un compromiso ineludible e inexcusable para ella y su gobierno.
Desde otra perspectiva, los radicales reiteramos nuestro respaldo a una nueva Constitución Política que sea efectivamente la manifestación de la voluntad soberana de la nación, expresada a través de cauces auténticamente democráticos. Y, además, hacemos presente una vez más nuestra determinación de contribuir a materializar todas las modificaciones que sean necesarias y conducentes a utilizar toda la riqueza perteneciente al conjunto de los chilenos en la satisfacción de sus urgentes necesidades, no sólo en Educación, sino también en Salud, Previsión, Vivienda y, en definitiva, en todas aquellas que son requeridas para alcanzar niveles de desarrollo humano concordantes con el logrado por el país.
