Las recientes declaraciones del candidato presidencial Johannes Kaiser, quien ha afirmado que apoyaría nuevamente un Golpe de Estado como el perpetrado en 1973, no sólo constituyen un preocupante acto de negacionismo histórico, sino que representan una amenaza directa al pacto civilizatorio sobre el que se funda nuestra democracia: el respeto irrestricto a los derechos humanos.
En Chile, durante la dictadura cívico-militar, miles de personas fueron detenidas, torturadas, ejecutadas y desaparecidas. Pretender justificar un Golpe de Estado —con todo el sufrimiento que trajo consigo— es dar la espalda al dolor de miles de compatriotas, y relativizar el valor de la democracia. La historia nos ha enseñado que el quiebre institucional solo abre la puerta al horror, al miedo y al abuso del poder.
Pero hay algo aún más grave: creer que los derechos humanos son una trinchera ideológica es un error profundo. Porque los derechos humanos no son solo para unos y no para otros. Son garantías universales que incluso podrían salvarle la vida a los propios seguidores de quienes hoy reniegan de ellos. En un Estado que viola los derechos fundamentales, nadie está a salvo. Ni el disidente, ni el opositor, ni el indiferente.
Por eso, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha asumido un compromiso claro con la memoria, la verdad y la justicia. Un paso significativo en esta dirección fue dado con la firma del decreto que inicia la expropiación de 117 hectáreas de terrenos pertenecientes a la ex Colonia Dignidad, uno de los sitios más siniestros de la represión en Chile.
Allí funcionaron centros de detención, fosas clandestinas, lugares de tortura y desaparición forzada, todo bajo la protección del régimen de Pinochet y con la complicidad del silencio. Hoy, esos terrenos serán transformados en espacios de memoria y aprendizaje para las futuras generaciones. Porque un país que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Esta expropiación no solo es un acto de reparación hacia las víctimas y sus familias. Es una señal potente y clara de que, en Chile, no hay espacio para el olvido ni para el negacionismo. El Estado está comprometido con que las atrocidades del pasado no se repitan. Que las heridas no se ignoren. Que la democracia se defienda.
Los dichos de Johannes Kaiser deben encender las alertas de todos quienes creemos en la libertad, en la justicia y en el valor de la convivencia democrática. No podemos naturalizar el desprecio por los derechos humanos ni romantizar golpes de Estado. Nuestra democracia costó vidas. Y no permitiremos que el odio y la ignorancia la pongan nuevamente en riesgo.
Avanzamos hacia un país donde la memoria no divide, sino que une. Donde el pasado no se niega, se enfrenta. Y donde nunca más el miedo ni el autoritarismo sean una opción.
Porque así avanza Chile: con memoria, con verdad y con justicia.
Por Juan Guerra Hollstein, Seremi de Gobierno Región de Los Ríos
