En el marco de la investigación penal que involucra al municipio de Río Bueno, nuevos antecedentes han salido a la luz respecto a irregularidades detectadas durante la gestión del exalcalde Luis Reyes Álvarez. Uno de los casos observados corresponde a la contratación a honorarios del actual concejal Daniel Quezada Pérez, cuestionada por la Contraloría Regional de Los Ríos por falta de respaldo documental y por no cumplir con la normativa en materia de gestión municipal.
La Fiscalía investiga ahora un posible fraude al fisco. Según el Informe Final N° 881 de 2018, varias contrataciones fueron imputadas a la asignación presupuestaria 21.04.004, destinada a “Prestación de servicios en programas comunitarios”, conforme al Decreto N° 854 del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la revisión determinó que no existen informes ni registros que acrediten la efectiva prestación de dichos servicios.
Entre las contrataciones observadas está la de Daniel Quezada, quien trabajó en el municipio hasta mediados de 2021. Su vínculo fue formalizado mediante los decretos alcaldicios N°s 991 y 1.162, para labores de producción y conducción de un espacio radial municipal. No obstante, la documentación entregada por el municipio (Ordinario N° 97 de 2020) no aporta evidencia concreta ni conexión con programas comunitarios específicos, lo que infringe los requisitos legales para este tipo de contratos.
La normativa exige que los servicios contratados a honorarios sean ocasionales, transitorios y directamente vinculados a programas sociales, culturales o deportivos, condiciones que no se cumplen en este caso. Por ello, la Contraloría advirtió una posible infracción al principio de legalidad y al buen uso de recursos públicos.
Este caso adquiere mayor gravedad considerando que prácticas similares ya habían sido observadas en 2015, cuando la Contraloría advirtió al exalcalde Reyes (Informe N° 527) sobre irregularidades en contrataciones sin respaldo. Aun así, entre 2018 y 2021 se repitió el patrón, con deficiencias estructurales en la justificación de los contratos.
En su análisis, Contraloría fue enfática: Luis Reyes infringió los artículos 61 y 62 de la Ley N° 18.883, que obligan a los funcionarios municipales a resguardar la legalidad y el uso eficiente de los fondos públicos. El Ministerio Público busca ahora establecer responsabilidades penales.
Además de Quezada, el informe identificó otras contrataciones irregulares bajo la misma partida presupuestaria, todas sin respaldo suficiente sobre la naturaleza y ejecución de los servicios prestados.
La Contraloría concluyó que Reyes, como jefe superior del servicio y con más de una década en el cargo, tenía la responsabilidad de evitar estas irregularidades. Por ello, desestimó cualquier justificación basada en desconocimiento o delegación de funciones.
El caso del concejal Quezada se suma a un escenario judicial cada vez más complejo en el municipio de Río Bueno, bajo la lupa del Ministerio Público por posibles delitos asociados al uso indebido de recursos públicos.
