La reciente liberación del sicario imputado por el asesinato de un comerciante en Meiggs, a partir de un documento supuestamente emanado de un juzgado de garantía, es un hecho que estremece no solo por su resultado —la excarcelación de un criminal peligroso— sino por lo que revela: confusión, opacidad y una preocupante debilidad institucional en la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
No se trata de un error menor o una falla burocrática. Aquí estamos ante un hecho gravísimo: un condenado por homicidio fue liberado por Gendarmería tras recibir un documento supuestamente emanado del Poder Judicial. La cadena de responsabilidades debe esclarecerse con urgencia. La ciudadanía tiene derecho a saber exactamente qué ocurrió. ¿Hubo una falsificación? ¿Una suplantación? ¿negligencia inexcusable? ¿amenazas a algún funcionario? Cada una de esas posibilidades es inquietante por sí sola.
Este episodio se suma a otras señales de alerta que hemos presenciado en los últimos meses en el sistema institucional. Las investigaciones sobre posibles redes criminales infiltradas en el Ejército y la Fuerza Aérea nos advierten de un fenómeno mucho más profundo: nuestras instituciones están siendo puestas a prueba por el crimen organizado, y no siempre parecen estar preparadas para resistir.
Frente a esto, la respuesta no puede seguir siendo solo reactiva ni quedarse en declaraciones de buenas intenciones. Si queremos proteger la democracia y el Estado de Derecho, necesitamos fortalecer de verdad nuestras instituciones. Eso implica medidas concretas y audaces: exámenes de droga que no sean solo rituales simbólicos (como los ha ejecutado el Gobierno), sino reales y periódicos; levantamiento del secreto bancario a quienes ejercen funciones públicas, especialmente a las instituciones armadas y las vinculadas al Poder Judicial y el Ministerio Público; auditorías externas que operen con autonomía y sin interferencias; protocolos claros de trazabilidad en toda comunicación judicial o administrativa que involucre decisiones tan sensibles como la liberación de un sicario, etc.
El caso del sicario liberado no puede convertirse en una anécdota más. Es un punto de inflexión. No basta con investigar: si se detectan irregularidades —internas o externas al Poder Judicial—, deben ser sancionadas con toda la fuerza del derecho. La ciudadanía merece saber la verdad, pero sobre todo, merece instituciones que actúen con integridad, profesionalismo y sentido de urgencia ante la amenaza creciente del crimen organizado y la corrupción que se deriva de ella.
Por Jorge Astudillo. Académico Facultad de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar.
